Nuevo aplazamiento del desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años que lleva años viviendo un calvario ante la presión de la inmobiliaria Urbagestión para que abandone la que ha sido su casa durante siete décadas. El tercer intento de deshucio, previsto para el miércoles 24 de junio en su casa del madrileño distrito de Retiro, ha quedado paralizado y ahora se ha fijado para el 23 de septiembre.
La presión social y logros como que la ONU haya exigido suspender el procedimiento o proporcionar una alternativa a Maricarmen han podido influir en una nueva prórroga que para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es insuficiente. De hecho, la entidad apunta que el juzgado número 90 de Madrid “desoye la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pedía la suspensión del desahucio hasta que las administraciones públicas demostraran que están buscando una alternativa habitacional a Maricarmen, alegando que dichas administraciones han tenido tiempo suficiente para encontrar esta alternativa”.
O lo que es lo mismo, explican, “la judicatura diciendo a los ejecutivos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y al Gobierno Central que en estos meses de aplazamientos del desahucio de Maricarmen no han hecho nada para solucionar el problema”.
