Alrededor de las dos de la tarde del miércoles, Jacqueline Aramayo abraza a varios de los casi 50 activistas que se han plantado en la puerta de su casa para impedir el desahucio de su familia. La comitiva judicial, que ha estado reunida cerca de una hora, ha decidido finalmente aplazar el lanzamiento. Por ahora, Aramayo ha ganado tiempo. “Una semana, pero esperamos que se convierta en algo más”, anuncia Jordi Galí, su marido, a los vecinos que esperaban el veredicto de la comisión. La pareja, que reside en Barcelona con su hijo, se había beneficiado desde la pandemia del escudo social desplegado por el Gobierno para evitar desahucios en tiempos difíciles. Pero después de que el Congreso tumbara esa moratoria con los votos de PP, Vox y Junts, Aramayo y Galí se ven amenazados ahora con tener que dejar su casa en plena crisis de la vivienda ante la nueva orden fijada para el próximo día 26 de junio.La pareja entró a vivir en su piso del número 124 de la calle Marina de la capital catalana en 2004. Encadenó dos contratos consecutivos y, a partir de 2014, fue renovando su permanencia año a año a raíz de la aceptación implícita del anterior propietario. Los problemas llegaron en 2018, cuando el casero trató de desahuciarlos por finalización de contrato, pero acabó no haciéndolo por un “problema burocrático” según cuenta Galí, de 63 años. Al poco tiempo, llegó otro dueño, que se hizo con todo el edificio. El hombre cuenta que vio cómo, poco a poco, iba perdiendo vecinos estables a la vez que iban llegando turistas que arrendaban apartamentos por la plataforma Airbnb o gente que solo permanecía unos meses.Los problemas para Galí y Aramayo volvieron con la pandemia de covid-19. Ella se quedó sin trabajo y, con un hijo menor de edad, se las vieron negras para pagar el alquiler, de 850 euros al mes. Acumularon impagos. Aun así, explican que los propietarios le llevaron al juez por finalización de contrato y no por esas deudas, retomando la idea que no pudo ejecutar su anterior casero. “En ese momento, yo no lo tenía las posibilidades económicas para buscar otro piso”, cuenta Galí. Así que se acogieron a las moratorias lanzadas por el Gobierno: primero por la pandemia y después por la crisis de precios derivada de la guerra de Ucrania. “El mercado de la vivienda está totalmente deshumanizado. Los precios que piden son excesivos, inasumibles para una familia. Tienes que dedicar todo tu sueldo al piso. Y es más difícil cuando tienes hijos”, explica Galí, quien dice que ahora sí abona sus mensualidades.La familia sigue en la situación de vulnerabilidad en la que se vio inmersa a partir de la pandemia. Sin embargo, ya no cuenta con una red de seguridad que les proteja. El pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados tumbó el decreto ley del Gobierno para extender la moratoria en 2026 con los votos del PP, Vox y Junts. Los tres partidos identificaron la protección de los desahucios con la okupación y decidieron dejar caer la medida. Enseguida se reactivó la denuncia que había en el juzgado para el desahucio de Galí y Aramayo. “Nos ha venido muy de golpe”, admite el hombre, quien añade: “Tenemos un hijo que se está quedando en casa de un amigo, que ha portado muy bien con nosotros, porque no queremos que sufra este drama”. El Sindicato de Inquilinas, además, sostiene que, al tratarse de una propiedad de un gran tenedor, deberían haberse activado los mecanismos de la ley de Vivienda que prevén que haya una intermediación antes del desalojo.Galí sostiene que el propietario, la sociedad Urban Power, quiere dedicar la finca a uso turístico a pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que en 2028 no puede quedar ni un apartamento vacacional en toda la ciudad. Este diario ha intentado contactar sin éxito con la empresa, que en su página web solo ofrece un correo electrónico y dos enlaces con Airbnb para contactar con ellos. Según consta en la web, se trata de una empresa familiar que ofrece apartamentos turísticos a precios competitivos en Barcelona, Colonia y Amberes. “Siempre hemos intentado negociar con ellos para renovar el contrato, que es lo que queremos. Pero no hay manera”, indica Galí. La falta de vecinos estables, dice, ya le da una pista de las intenciones de la firma.El Sindicato de Inquilinas apunta que el caso de esta familia no es el único que se están encontrando. El portavoz de la entidad, Enric Aragonès, afirma que en las asambleas de la entidad aparecen casos de inquilinos que afrontan un desahucio porque la moratoria ya no está vigente. “Jordi y Jacqueline ponen nombre y cara a una historia que se repetirá 60.000 veces porque Junts, PP y Vox decidieron con su voto que se pudiera echar a familias vulnerables sin alternativa y dejarlas en la calle”, denuncia Aragonès, quien cree que va a producirse un goteo de lanzamientos que estaban parados gracias a la moratoria.El fin de la moratoria ha dejado en vilo a miles de inquilinos. El Gobierno aprobó un decreto ley para prorrogar los alquileres ante la situación de crisis de precios que podía traer de nuevo el contexto geopolítico global. Sin embargo, ese texto legal desde un principio contó con el rechazo de los diputados de Junts per Catalunya. A ello se añade que, desde el pasado mes de abril, tampoco está en vigor la prórroga extraordinaria de los alquileres. El Gobierno la aprobó, pero el Congreso rechazó convalidarla con los votos de los partidos de derechas. A pesar de que el Ejecutivo instó a las empresas a renovar los contratos mientras estuviese vigente el decreto ley, varios abogados consultados explican que no hay una tónica general y que las situaciones están discurriendo por distintos derroteros. En el caso de Aramayo y Galí, el contador ya estaba activado. En muchos otros, empieza a hacerlo ahora.