Cuando ha pasado más de una semana del estallido de la crisis fronteriza y humanitaria en Ceuta —después de que, según las cifras de Interior, 72.000 personas cruzaran a la ciudad autónoma través del espigón del Tarajal—, el elefante en la habitación sigue siendo la responsabilidad marroquí. El Gobierno hace oídos sordos. Todo ello a pesar de que cada vez son más las imágenes y testimonios que apuntan a que los gendarmes marroquíes permanecieron impasibles —en una estrategia de brazos caídos— ante la entrada multitudinaria a suelo español. Los de Pedro Sánchez miden, sin embargo, cada palabra para proteger, por encima de todo, la siempre complicada relación bilateral hispano-marroquí, un eje central de la política exterior y migratoria españolas (y europeas). Ya en su comparecencia del viernes 31 de julio, Sánchez se limitaba a poner en valor la colaboración de las autoridades marroquíes en la gestión de la crisis, "a diferencia de lo ocurrido en 2021", con la entrada de cerca de 10.000 personas a través de la valla de Ceuta.PublicidadEsta es la lectura que, uno tras otro, han ido repitiendo los distintos ministros del Gobierno. El primero, el titular de la cartera de Interior y principal responsable de la gestión de la crisis, Fernando Grande-Marlaska, que, el sábado 1 de agosto, en rueda de prensa desde Ceuta, se refería al país norteafricano como un socio "absolutamente fiable". En términos similares se pronunciaba, la mañana del lunes 3, el titular de Exteriores, José Manuel Albares. Total y desde el primer minuto. Así definía el ministro la predisposición de las autoridades marroquíes —con las que pedía "intensificar y mantener abiertos los canales diplomáticos"— para frenar el flujo de entrada a España y participar en las labores de devolución de "hasta el último" de sus nacionales. También la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, agradecía, en primera persona, la actitud del reino alauí. En una entrevista en TVE, ese mismo lunes, la responsable de Migraciones defendía el trabajo en equipo España-Marruecos como "clave" para reconducir la crisis.Una única voz disonante, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ponía la lupa, en los últimos días, sobre las autoridades alauís. El lunes, en declaraciones a los medios desde la base aérea de Zaragoza, la ministra exigía al país norteafricano que "vele" por que no se vuelvan a "utilizar", una tercera vez, las vidas de miles de personas para vulnerar las fronteras españolas y que investigue "hasta el final" lo ocurrido en la frontera con Ceuta. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", insistía la política socialista. Con un aviso para navegantes: "Quien haya estado detrás o quién lo haya consentido tendrá que asumir responsabilidades".Del respaldo a la soberanía marroquí a la ley de nacionalidad saharauiEl mutismo del Partido Socialista en torno a la instrumentalización que hace Marruecos de su población, desde hace décadas, como arma de presión política no es casual. Cerca de cuatro años y medio han pasado desde que, por medio de una carta a Mohamed VI, Pedro Sánchez formalizara una concesión histórica a nuestro vecino del sur: el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, antigua colonia española. El controvertido gesto del dirigente socialista —contrario a la postura del Estado español, a favor de la autodeterminación, durante más de cuatro décadas de democracia— llegaba apenas diez meses después de que Marruecos abriera el paso fronterizo hacia Ceuta, allá por mayo de 2021, en protesta por la acogida de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Desde entonces, el Gobierno y, por extensión, el PSOE han priorizado la relación con Marruecos en todas sus decisiones en materia de política exterior.Este verano, las cosas han cambiado algo. Primero, por el sí de los socialistas a la ley de nacionalidad saharaui. La norma, que llevaba un año atascada en la Comisión de Justicia del Congreso, persigue el reconocimiento de la nacionalidad española a la población saharaui nacida antes del 11 de agosto de 1977. En otras palabras, bajo administración española. A finales de junio, un acuerdo entre las dos almas del Ejecutivo —PSOE y Sumar—desbloqueaba el texto, que aterrizará, finalmente, en la tribuna del Congreso en los primeros compases de septiembre. Podría parecer insignificante, pero no lo es. Desde la óptica marroquí, España estaría metiendo mano a la nacionalidad de lo que considera sus ciudadanos. Y es que la norma abarca también a los descendientes de primer grado y rebaja el tiempo de residencia en España para poder solicitar, por vía convencional, la nacionalidad: dos años.PublicidadSegundo, por el acercamiento de posturas con Argelia, antagonista geopolítico de Marruecos. Hace apenas unas semanas (y por primera vez desde 2020), Pedro Sánchez pisaba suelo argelino para reunirse con su presidente, Abdelmadjid Tebboune, y su primer ministro, Sifi Ghrieb. No era solo una visita diplomática —antesala de la Reunión de Alto Nivel que tendrá lugar en octubre—, sino también de negocios. En concreto, para impulsar los acuerdos de importación de gas argelino. Podría parecer insignificante, pero no lo es. Tras años como socio preferente en el norte de África en materia migratoria, energética o de seguridad, Rabat ve tambalear su posición de fuerza sobre España.La izquierda alternativa culpa a MarruecosLos mensajes lanzados desde los partidos que se sitúan a la izquierda del PSOE han compartido, en general, un rasgo común. A diferencia de los equilibrios de los socialistas y, por supuesto, del argumentario antisanchista de las derechas, todas las declaraciones de los líderes de la izquierda alternativa —y también la posición oficial de los partidos a los que representan— incluyen críticas cristalinas a Marruecos. El ejemplo más tangible es la proposición no de ley (PNL) que apadrinaba, el pasado lunes 3 de agosto, el diputado de Izquierda Unida Nahuel González para que España se replantee la organización conjunta del Mundial de fútbol de 2030 con el país que dirige, con mano de hierro, Mohamed VI. En los días siguientes, Podemos se pronunciaba en la misma línea, exigiendo que se excluya a Marruecos de la organización de la competición. También Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, apoyaba la iniciativa, tal y como revelaba este viernes 8 desde el plató de Mañaneros 360. Una reivindicación a la que, aunque por motivos distintos, se ha terminado sumando hasta Vox.Más allá de eso, figuras de índole diversa —como Pablo Bustinduy, ministro de Consumo; Irene Montero, eurodiputada de Podemos; Antonio Maíllo, coordinador federal de IU o Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia— se han pronunciado con dureza, en los últimos días, sobre el país norteafricano, al que han tachado de "dictadura" y acusado de vulnerar, sistemáticamente, los derechos humanos. Este viernes, en una entrevista en El País, Rego aseguraba que "Marruecos tiene unos intereses que no son necesariamente compartidos" por España y añadía que "poner la política migratoria en terceros países no es una buena idea". Esas dos máximas —que las políticas de externalización de las fronteras de la UE tienen consecuencias y que Marruecos, como parte de un triángulo político con EEUU e Israel, utiliza como carne de cañón a su propia población para chantajear al Gobierno español— se han ido repitiendo en las filas de la izquierda transformadora.PublicidadLas derechas convierten Ceuta en el azote del GobiernoTampoco el Partido Popular se atreve a señalar directamente a Marruecos. Ocupación, invasión, ataque. Muchos son los nombres con los que diferentes voces del partido han bautizado el episodio de la semana pasada, del que responsabilizan, en exclusiva, a Pedro Sánchez. "La respuesta de Sánchez ha sido tardía, insuficiente y hasta ridícula", valoraba la mañana del sábado 1 de agosto el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, apuntando a "un triple fracaso" del Gobierno: migratorio, exterior y de seguridad. "Tenemos un Gobierno indolente, incompetente y que ha demostrado su debilidad con una respuesta pusilánime", elevaba el tono, en la protocolaria rueda de prensa de los lunes, su secretario general, Miguel Tellado. Pero tanto uno como otro pasaban por alto el papel del país norteafricano. "Mi voluntad es la de tener una relación de respeto mutuo, buena voluntad y cooperación con Marruecos", tendía la mano a Mohamed VI el presidente popular. "Como el Gobierno no se respeta a sí mismo, es muy difícil que consiga el respeto de terceros países", llegaba a disculpar al reino alauí su secretario general.Lo cierto es que el PP ha convertido la crisis ceutí en otro caballo de batalla contra Moncloa. A la exigencia de más explicaciones por parte del presidente del Gobierno, al que reprochan "sus días de tumbona en La Mareta", se suman las solicitudes de comparecencia —en el Congreso y el Senado— de los ministros responsables de la gestión, así como de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Este viernes 7 de agosto, el Ejecutivo ha movido ficha. Robles, Bolaños, Marlaska y Albares rendirán cuentas a finales de agosto en la Cámara Baja sobre la situación en Ceuta.En los últimos cuatro años, el PP ha sido muy crítico con el cambio de criterio de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental y ha reivindicado su "coherencia" al defender la postura histórica de España. En su último Congreso Nacional, en julio del año pasado, los populares invitaban, como es costumbre, al Frente Polisario. Las presiones de Marruecos no tardaban en llegar. A través de una carta del ministro Nizar Baraka, el país norteafricano exigía a Feijóo que se posicionara públicamente en la línea de Sánchez. Vamos, que reconociera la soberanía marroquí sobre territorio saharaui. Un "chantaje político" al que los populares daban la espalda. Además, los de Feijóo han presentado, en la última legislatura, varias PNL para forzar al Gobierno a explicar su cambio de postura respecto al Sáhara. De momento, no lo han conseguido. En cualquier caso, el PP ha tirado de prudencia estos días, ignorando la impronta marroquí en la (nueva) crisis fronteriza en Ceuta. Igual que evitó, hace unas semanas, posicionarse en la votación del dictamen de la ley de nacionalidad saharaui, donde los de Feijóo —igual que Junts— optaron por la abstención."Un acto de guerra". Así han valorado, desde Vox, el "ataque" a la soberanía y la integridad territorial de España "promovido por Marruecos" (y "tolerado" por el Gobierno). Un tono antagónico al de su compañero de espectro político. En palabras de su dirigente, Santiago Abascal, "Sánchez está sometido a Marruecos", de ahí que el país norteafricano se sienta "impune": "Sabía que no iba a haber respuesta ni ningún tipo de represalia". Para solventar la crisis, la formación ultraderechista tiene su propio catálogo de recetas. Entre ellas, la militarización "permanente" de la frontera de Ceuta y Melilla y el cierre del paso fronterizo con Marruecos. Todo mientras se devuelve a las personas migrantes que quedan en territorio ceutí. "Hay que ir cazándolos uno a uno", llegaba a proponer el jueves 6 de agosto, desde el programa En boca de todos, el diputado José María Figaredo. Eso sí, los de Abascal han evitado referirse, con nombre y apellidos, al máximo responsable marroquí, el rey Mohamed VI, focalizando las críticas, de nuevo, en torno a la figura de Sánchez.