Vuelven a Europa los viejos tiempos de los controles fronterizos. La decisión unilateral del gobierno italiano de Georgia Meloni de discriminar a los ciudadanos procedentes de España del resto de europeos y someterlos a un control de entrada al país al margen de la libre circulación del espacio Schengen tuvo una repuesta contundente desde España: someter a esa misma excepcionalidad a los ciudadanos que viajen desde Italia que pisen suelo español desde este fin de semana.
El Gobierno de Pedro Sánchez había reclamado a Italia de manera insistente en los últimos días que cesara en su actitud “injusta, discriminatoria y desproporcionada” de entorpecer la libre circulación de españoles en base a un argumento que ven poco justificable: la entrada por la frontera de Ceuta el pasado 31 de julio de hasta 72.000 personas, según los datos oficiales.
“La medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española. Por ello, instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, rezaba el comunicado oficial remitido por el Ejecutivo español el viernes a modo de advertencia y ultimátum.
