Más de una semana después del estallido de la crisis fronteriza y humanitaria en Ceuta, Italia mantiene todavía en vigor los controles aéreos y marítimos a los viajeros que llegan desde territorio español. Lo hace a pesar de que el Gobierno de España le ha pedido, públicamente y hasta en dos ocasiones, que los retire. A pesar de que la mayoría de personas que cruzaron la semana pasada a la ciudad autónoma a través del espigón del Tarajal ya ha regresado a suelo marroquí: 70.000 de en torno a 72.000, según las cifras de Interior. A pesar de que Ceuta —como Melilla— disfruta, desde 1991, de un régimen fronterizo especial dentro del espacio Schengen, que contempla "controles de identidad y de documentos" para las personas que viajan a la península (o al resto de Estados del acuerdo). Y pese al reconocimiento de la Unión Europea, durante la reunión de ministros de Interior del pasado martes, a la gestión "rápida y eficaz" que ha hecho España de la crisis.PublicidadDe ahí que, este viernes, el Gobierno español haya decidido responder con la misma moneda. Desde este sábado y hasta el próximo 7 de septiembre, los viajeros procedentes de Italia serán sometidos a controles de identidad y documentación aleatorios en puertos y aeropuertos. El motivo oficial, trasladan fuentes de Moncloa, es "la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino". Los controles, explican en un comunicado, permanecerán activos hasta la vuelta del verano a menos que "un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción" aconseje modificar dicho plazo.La normalidad diplomática entre ambos países lleva días en jaque. El martes pasado, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, lanzaba la primera petición pública a Italia para que levantara los controles sobre ciudadanos españoles "a la mayor brevedad", calificando la medida de "carente de proporcionalidad". Unas críticas que habían adelantado, días antes, tanto el responsable de Exteriores, José Manuel Albares, como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Confusión interesada". Así calificaba Albares, el jueves 30 de julio, cualquier intento de vinculación entre la crisis ceutí y la política migratoria española. Un día después, ante las amenazas de Roma, el responsable de Exteriores iba un paso más allá, llamando a consulta al embajador italiano para reprocharle una actitud "impropia" de un país "socio y amigo". Pero nada parecía suficiente para apaciguar al Gobierno de Giorga Meloni, que el sábado 1 de agosto ponía en marcha los primeros controles.Ese mismo sábado, los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula Von der Leyen, recibían dos cartas diferentes. Una primera de puño y letra de Pedro Sánchez, en la que les trasladaba su "seria preocupación" por la reacción —"egoísta, polarizante y fuera de la ley"— de algunos gobiernos europeos frente a la crisis ceutí. Una segunda con la firma de 22 de los 27 países que dan vida a la Unión, a excepción de la propia España, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. En esta misiva, para protegerse de nuevos "cruces masivos descontrolados", los 22 se mostraban dispuestos a seguir el ejemplo italiano y "reintroducir controles temporales" en el mapa comunitario. En otras palabras, a meterle tijera al espacio Schengen. Un respaldo inicial que el Gobierno italiano continúa esgrimiendo para justificar, una semana después, sus controvertidos controles. Todo ello a pesar de que, desde el martes 4 de agosto, tras la citada reunión del Consejo de Ministros de la UE, reina la calma y el apoyo de (casi) todas las voces europeas al Ejecutivo español.Pero ahí sigue Italia, en sus trece. Y el Gobierno español se ha cansado de esperar. Este viernes, 7 de agosto, Moncloa le mandaba a Meloni lo que es, en toda regla, un ultimátum. En el comunicado, además de acusar a la mandataria italiana de tomar una decisión "sin precedentes", "discriminatoria" y por "motivos electorales internos", los de Pedro Sánchez instaban a su Gobierno a que rectificara, pusiera fin a los controles y tratara a los españoles "como al resto de ciudadanos europeos". Le ponían plazo y todo: domingo 9 de agosto. Después de esta fecha, le advertían, España "se vería obligada" a responder con "medidas proporcionales". La respuesta italiana no tardó en llegar. En su propio comunicado, Roma rechazaba cualquier "imposición extranjera" en materia de seguridad y control de fronteras. Un nuevo desplante que ha agotado, del todo, la paciencia del Gobierno español.PublicidadLa clave del desacuerdo: el Código de fronteras Schengen¿Quién tiene razón? Para descubrirlo, hay que tirar de normativa europea. Concretamente, del conocido como Código de fronteras Schengen. En el Artículo 25 del Capítulo II, la norma reconoce el restablecimiento "excepcional" de controles fronterizos cuando sobrevuele "una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior". Una situación que el texto identifica con cuatro escenarios. Frente a amenazas terroristas, emergencias de salud pública, grandes acontecimientos internacionales o —y aquí está la clave— "movimientos repentinos, a gran escala y no autorizados de nacionales de un tercer país entre los Estados miembro". Unos movimientos que, especifica la norma, tienen que poner en peligro "el funcionamiento del espacio sin controles". Esta es la circunstancia que, para Italia, habría concurrido en el caso ceutí.Ahora bien, tiene letra pequeña. Para empezar, razonan fuentes gubernamentales, por el propio régimen fronterizo de Ceuta, que ya obliga a realizar controles para cruzar hacia Europa. Es decir, tiene sus propios mecanismos para no comprometer el espacio Schengen. Para seguir, añaden estas voces, porque ni las fronteras italianas —ni las de ningún otro país europeo— se han visto amenazadas en ningún momento de la crisis. La decisión italiana vulneraría, por tanto, los criterios (también obligatorios) de necesidad y proporcionalidad. Además, recuerdan desde el Ejecutivo, la introducción de controles es una medida, tal y como recoge la norma, "de último recurso" y que no puede extenderse en el tiempo más allá de "lo que sea estrictamente necesario" para responder a la amenaza. Alargarla ad infinitum es, también, una vulneración.La disputa entre España e Italia es también una disputa de números. Y es que, para sacarle los colores a Meloni, los de Pedro Sánchez llevan una semana tirando de estadísticas. Según Frontex, recuerdan desde el Ejecutivo español, Italia es el Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos cinco años, entre enero de 2021 y junio de 2026. Prácticamente el doble —478.600 frente a 234.760— que las rutas que atraviesan el Estado español. Además, apuntalan estas voces, Roma lleva sin cumplir el Reglamento de Dublín —que reparte las peticiones de asilo de la Unión—desde 2022, generando "una carga adicional" para el resto de países. No por eso se le han impuesto controles. Todo lo contrario: "España siempre se ha mostrado solidaria". Para ejemplo, la crisis de 2023 en Lampedusa. De ahí que, para los de Sánchez, la cerrazón de Meloni solo tenga una lectura. Un nuevo intento de la política ultraderechista para convertir a las personas migrantes en munición electoral.