"Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras tras la petición del Gobierno de levantar ya la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana". Así respondía el gobierno de Meloni al ultimátum que le daba España para revertir las restricciones impuestas a la entrada de ciudadanos que llegaran desde el país. Desde el Gobierno italiano han indicado que no tienen intención de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que llegan desde España, al menos hasta el 15 de agosto, y en ningún caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos de seguridad y terrorismo para Italia. Fecha en la que se prevé una nueva oleada en Ceuta, y después de la cual esperan poder tener la certeza de que no habrá riesgos para el país. Según el comunicado, la pretensión de Italia es que las autoridades fronterizas hagan todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, que, como ha indicado, "no se verán afectados por el restablecimiento de los controles en las fronteras aéreas y marítimas", hasta que desaparezcan las circunstancias que motivan la decisión y se pueda retomar el diálogo entre ambos países. Sin embargo, desde el Ejecutivo español han denunciado que el pasado 1 de agosto Italia reintrodujo "los controles en frontera con España", lo que ha afectado "a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival". Por ello, el Gobierno le había dado un plazo de dos días, hasta el domingo 9 de agosto, para que lo haga o, si no, "España se vería obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos". Desde Colombia se ha pronunciado el ministro José Manuel Albares, quien, tras convocar al embajador italiano días atrás, ha exigido tratar a los españoles como al resto de ciudadanos europeos, instando al Gobierno de Giorgia Meloni a que rectifique su postura y ponga fin a los controles. En Moncloa han recordado que la medida se ha llevado a cabo "sin precedentes en la historia reciente", además de adoptarse "sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad". "Es injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española", han reiterado sobre la iniciativa. El Gobierno ha insistido en que Meloni obvia que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada "pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma" tiene "un régimen especial en el mismo". También han subrayado que la "práctica totalidad" de los migrantes ilegales "ya ha retornado a Marruecos". TE PUEDE INTERESAR Al igual que señaló el presidente, Pedro Sánchez, las fuentes también han indicado que Italia es, según Frontex, el "Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España" y que su Gobierno, desde el año 2022, "no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto" de países europeos. Pese a ello, el Gobierno español ha defendido que "nunca ha introducido controles para Italia" y "siempre se ha mostrado solidario", acogiendo "parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central". "Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras tras la petición del Gobierno de levantar ya la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana". Así respondía el gobierno de Meloni al ultimátum que le daba España para revertir las restricciones impuestas a la entrada de ciudadanos que llegaran desde el país.
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Italia responde que no acepta "imposiciones" por seguridad nacional, después de que Moncloa diera un plazo de dos días para levantar los controles bajo amenaza de tomar "medidas proporcionales"











