5 de agosto, 2026 - 06h00Ante la proximidad de los comicios para la elección de las autoridades seccionales del 29 de noviembre, el panorama se presenta variopinto. Podemos percibir desde las buenas intenciones de servir al país –quizás no muchas– hasta las de gran interés por mantener un electorado cautivo que lleve a los designados por los “gerentes-propietarios” de los partidos y movimientos políticos a los cargos de prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales; y, vocales principales y suplentes de las juntas parroquiales rurales; y, siete integrantes del CPCCS.Son demasiados candidatos y tal vez haya pocos interesados en llenar esos puestos de enorme responsabilidad, sobre todo cuando la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, con el narcotráfico a la cabeza, mantienen gran parte del país con angustia y terror. Debemos recordar que este fenómeno no se gestó de la noche a la mañana. Las mafias albanesas comenzaron a instalarse en el 2009 y han crecido, conjuntamente con otros grupos delincuenciales, como la mala hierba. Hoy, a pesar de los esfuerzos que hace el Gobierno de luchar contra esta lacra de diez mil cabezas y tentáculos, es muy difícil su control y erradicación. Nos preocupa, además, la corrupción enquistada en ciertos municipios y prefecturas que hace que unos cuantos lucren de los fondos estatales en detrimento de la contratación y ejecución de obras que deben realizarse en beneficio de la población. Y es más inquietante todavía en estos momentos en que tenemos la amenaza del desarrollo de un superfenómeno del Niño.Por estos motivos, la selección de los candidatos para ocupar dichos cargos debe pasar por un estrecho tamiz, obedeciendo a la pregunta de hasta qué punto X o Y está capacitado para responder, de modo adecuado y planificado, a necesidades que tienen los distintos cantones y provincias, al margen de la honradez que deben poseer. No es fácil hacerlo, sobre todo cuando se ha denunciado, en materia de salud, que ciertos centros hospitalarios están tomados por malos elementos cuya eliminación resulta difícil de alcanzar. Desde el punto de vista del electorado, lamentablemente, el pensamiento de uno de cada tres ecuatorianos, según cifras del Barómetro de la Corrupción, justifica o normaliza la corrupción de un funcionario público contra entrega de infraestructura o gestión visible. Hasta un 44 % de los ciudadanos ha llegado a admitirlo en momentos de profunda crisis institucional. Aquella frase de “robó, pero hizo obras” refleja esa mentalidad equivocada, con la cual validan los sobreprecios que van al bolsillo de los funcionarios deshonestos en perjuicio de quienes más lo necesitan. Justamente, en estos días se ha acusado a algunos alcaldes de haber cometido lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y peculado, habiendo sido 118 de las 245 autoridades locales (alcaldes y prefectos) vinculadas a diversos procesos penales.Exigimos a los movimientos y partidos políticos seriedad y responsabilidad en esta etapa preelectoral y un origen lícito de los fondos para la campaña. Es su deber moral y patriótico hacer una selección de candidatos que posean pleno conocimiento de los problemas nacionales y la forma de solucionarlos, con una vertical hoja de vida y probada honestidad. (O)