Castilla y León ha sufrido en los últimos años los incendios más graves de su historia, todos bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco, de un PP que lleva gobernando allí desde 1987. El fuego de Burgohondo (Ávila), con unas 50.000 hectáreas afectadas, se une a una larga secuencia cuya extensión ha ido aumentando. En 2021, en Navalacruz, también Ávila, ardieron 22.000 hectáreas, mucho menos que las casi 60.000 abrasadas al año siguiente en sendos focos en la sierra de la Culebra (Zamora), con cuatro muertos. En 2025, otra crisis: más de 100.000 hectáreas carbonizadas, la mayoría entre León y Zamora, y cinco víctimas mortales. En todas ellas Mañueco prometió “reflexión” mientras en este episodio ha asumido un perfil bajo, con las miradas políticas y mediáticas globales puestas en Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (PP), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), al pedir esta la emergencia nacional por los incendios en su región, algo que Mañueco nunca ha demandado. Este también ha cambiado de consejero de Medio Ambiente, enviando a Industria al polémico Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su reemplazo, María González Corral, tampoco ha entrado en controversias.La situación de 2026 contrasta con la del verano pasado. Entonces, con los graves incendios afectando a Castilla y León y parcialmente a Galicia y Asturias, Mañueco quedó expuesto en solitario tras el patinazo de Quiñones, apartado de la escena pública durante semanas tras afirmar al principio de la crisis que “tenemos la mala costumbre de comer” para justificar su retraso en actuar. En 2018 aseguró “mantener el operativo todo el año es absurdo y un despilfarro”, frase que se le ha afeado a menudo. El mandatario, sin el escudo del consejero, fue variando su discurso: primero reivindicó que su operativo, tantas veces cuestionado por sus componentes, era apropiado y capaz de solventar la amenaza, y luego reclamó más ayudas al Gobierno y aseguró que eran incendios “incontrolables y fuera de capacidad de extinción”, apelando a las extremas condiciones climatológicas. Castilla y León celebró elecciones el pasado 15 de marzo, propiciando un nuevo pacto del PP con Vox, y el partido de Mañueco ganó votos en buena parte de los núcleos más afectados por las llamas: la Junta activó un rápido sistema de ayudas, con 500 euros para los evacuados y sin grandes filtros, lo cual propició que los vecinos se aprovecharan y pidieran bonos no correspondientes. EL PAÍS ha hablado con varios alcaldes del PP y del PSOE de esas provincias y varios coinciden en el “cachondeo” y la “compra de votos”: algunos de ellos recibieron peticiones de habitantes que no residen en casas ya arruinadas o que en absoluto se encontraban en el pueblo los días de humo y fuego.Mañueco ha acudido regularmente al puesto de mando del incendio de Ávila, instalado en Navaluenga, y ha realizado declaraciones acerca del alcance de la situación y aportado información procedente de los técnicos. “La prioridad ahora es que quienes lo han perdido todo sepan que las administraciones van a estar a su lado”, ha indicado este jueves el alto cargo, quien ha anunciado otros 500 euros para cada desalojado estos días, como en 2025, y subvenciones de 5.500 euros para empresarios, ganaderos o agricultores perjudicados por lo sucedido, además de otros fondos para cubrir los múltiples daños materiales provocados por el fuego. La coalición PP-Vox dejó en los primeros la competencia sobre incendios y se creó la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. El líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha criticado la gestión de la Junta y abogado por el pacto de Estado contra el cambio climático, propuesta de Sánchez desdeñada por el PP: “No es casualidad que Castilla y León bata récords en incendios forestales cada verano durante los últimos años”. Martínez le ha reprochado la escasez del dispositivo y emplazado a que, como Ayuso, si necesita el soporte estatal, lo requiera.Los brigadistas contactados por EL PAÍS tanto durante esta ola de incendios como durante meses más tranquilos, en los que anticipaban el peligro de esta campaña dadas las lluvias invernales y el calor previsto, insisten en que se ha aumentado la asignación económica para la cuestión, con unos 64 millones en 2022 y aproximadamente el doble ahora, pero que sigue siendo un dispositivo mejorable. “Es una farsa, se desperdician millonadas”, sentencia uno, ante la escasez de formación, falta de estabilidad profesional y descoordinación entre los mandos y la línea de acción. La profesora de la Universidad de Valladolid y consultora política Alicia Gil-Torres destaca que “un presidente autonómico es juzgado, sobre todo, por su capacidad para liderar en los momentos más difíciles. Con Castilla y León afectada por incendios, la escasa presencia pública de Mañueco contrasta con la intensidad del debate político nacional. Cuando una comunidad atraviesa una emergencia, la prioridad no debería ser alimentar la confrontación partidista, sino ejercer un liderazgo claro, estar presente y rendir cuentas ante los ciudadanos”. La experta no cree, con la experiencia pasada, que esta gestión cuestionada vaya a castigar a Mañueco en las urnas: “La explicación no está tanto en la gestión de la emergencia como en la capacidad de nacionalizar el debate, en la fortaleza de las identidades partidistas y en que, si la oposición no logra consolidar un relato de responsabilidad política, el impacto de la crisis tiende a diluirse con el tiempo”.