Durante una década y media, Hungría fue el campo de pruebas de lo que su primer ministro, Viktor Orbán, bautizó como “democracia iliberal”. Era un sistema autoritario en las formas, ultraconservador en su ideología, y antieuropeísta y prorruso en la política exterior. Partidos como Vox en España y toda una constelación de grupos nacionalistas de derechas de Europa y Estados Unidos buscaron inspiración, ideas y también financiación en el pequeño país de menos de 10 millones de habitantes. Las elecciones del pasado abril demostraron que Orbán no sería eterno. Era posible derrotarlo. Lo sucedido desde que Péter Magyar llegó al cargo y puso en marcha una batería de iniciativas para devolver al país al Estado de derecho encierra una enseñanza valiosa. Budapest muestra que existe un método para desmontar todo el andamiaje de intereses y corrupción que parecía inamovible, un modelo húngaro para poner fin a los regímenes iliberales. Hungría vive lo que algunos expertos califican de “cambio de régimen” o “revolución constitucional”. Magyar, amparado por una supermayoría parlamentaria, se ha propuesto de entrada desactivar la maquinaria de propaganda de Fidesz, el partido de su antecesor. Desde el 7 de julio la televisión pública empezó a emitir películas, y la radio, música clásica, a la espera de que se apruebe una ley de medios que permita una información libre y veraz. Otra medida es el refuerzo de los organismos anticorrupción y el desmantelamiento de la Oficina de Defensa de la Soberanía, que buscaba silenciar las voces críticas. El nuevo primer ministro ha dado un giro en la política europea y exterior, para acercar a su país a la UE y alejarlo de Moscú, y acceder así a los fondos europeos que Bruselas bloqueó en los tiempos de Orbán. La celebración en junio del Orgullo en Budapest fue un símbolo de estos espacios de libertad recobrada.La velocidad de los cambios convierte a Hungría en un caso excepcional, pero ninguna de las decisiones tiene el alcance político y legal de las dos reformas constitucionales ya adoptadas. La primera limitó el mandato de los primeros ministros a dos legislaturas, una manera de impedir que Orbán regrese al poder. La segunda sitúa en 70 años la edad máxima de jubilación en el Tribunal Constitucional, restringe a tres los mandatos de los diputados y fuerza la destitución del presidente, Tamás Sulyok, afín a Fidesz. Pueden cuestionarse las formas expeditivas, pero nadie en el campo democrático y europeísta pone en duda la necesidad de revertir cuanto antes la deriva autoritaria de la última etapa y regresar a la familia de las democracias europeas.Que no es una operación sencilla lo demuestra el precedente de Polonia, donde el liberal-conservador Donald Tusk volvió al poder tras los años del PiS pero debe convivir con un presidente de la derecha nacionalista, Karol Nawrocki, que torpedea las reformas. Ha sido una anomalía, en estos años, que un país de las dimensiones y el peso de Hungría hubiese logrado influir tanto en la extrema derecha global y llegase a ser el punto de apoyo del movimiento trumpista MAGA en Europa. Orbán fue un modelo para partidos y políticos de su órbita y por eso el desmontaje del sistema que él puso en pie, si se hace respetando los procedimientos, también puede ser ejemplar. Si existe una lección en la experiencia húngara, es que los procesos de degradación de la democracia tienen marcha atrás. Las victorias de la internacional ‘trumpista’ no son inevitables, ni irreversibles.