Imaginemos que llega el día en que Carles Puigdemont vuelve a España, diez años después de su fuga y tras un largo pulso judicial y político. Atrás quedan las fallidas órdenes europeas de detención, el procesamiento en rebeldía, su escaño en el Parlamento europeo, la retirada de la inmunidad parlamentaria, las breves detenciones en Alemania e Italia, las negociaciones con el PSOE desde Waterloo, las nuevas órdenes de busca y captura, la exigencia de amnistía para apoyar al gobierno de Sánchez, la imputación por terrorismo, la aprobación de la amnistía, la candidatura a la Generalitat, la maniobra del Supremo para no aplicarle la amnistía, el regreso fugaz a Barcelona burlando a la policía, los recursos al Constitucional, y el aval del Tribunal de Justicia Europeo a la amnistía.
No regresa tras la decisión de la justicia europea de este jueves, no tan rápido: aún tendrá que esperar a que el Constitucional resuelva en otoño, y a que después el Supremo acepte la decisión y levante las órdenes de detención, cosa que hará arrastrando los pies, tomándose su tiempo y buscando mil triquiñuelas para retrasar la aplicación de la ley de amnistía al ex president.
