ESPA�AEl juez Llarena interpret� que la Ley no permit�a borrar el desv�o de fondos p�blicos del 1-O. El instructor no prev� levantar la orden nacional de detenci�n contra el huidoEl presidente del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE), Koen Lenaerts, lee la sentencia sobre la Ley de Amnist�a, a 16 de julio de 2026, en Luxemburgo (Luxemburgo).Actualizado Jueves,

julio

22:53Audio generado con IAAunque el ex presidente catal�n Carles Puigdemont celebr� ayer el fallo del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) sobre la amnist�a, lo cierto es que tendr� que esperar a la resoluci�n de su recurso de amparo en el Tribunal Constitucional el pr�ximo oto�o para beneficiarse de forma total de la aplicaci�n de la Ley que elimina los delitos del proc�s.La raz�n estriba en que el Tribunal Supremo contin�a pensando que uno de los dos motivos por los que rechaz� borrar el delito de malversaci�n del 1-O -el relacionado con "el prop�sito de obtener un beneficio personal de car�cter patrimonial"- se mantiene intacto. Fuentes jur�dicas consultadas por EL MUNDO explican que la sentencia de la Corte de Luxemburgo no se ha pronunciado sobre este argumento jur�dico y, por lo tanto, no hay motivo alguno para que el instructor del 1-O, Pablo Llarena, modifique su criterio.Cuando el juez del proc�s rechaz� amnistiar el delito de malversaci�n de caudales p�blicos atribuido a Puigdemont esgrimi� dos motivos. El primero, que la actuaci�n del ex presidente de la Generalitat comprometi� los intereses financieros de la Uni�n Europea -argumento que ha sido ahora descartado por el TJUE- y, el segundo, porque la propia Ley exclu�a que se amnistiase aquella apropiaci�n de fondos que fuera llevada a cabo con prop�sito de obtener un beneficio de car�cter patrimonial.En el auto dictado el 1 de julio de 2024, Llarena argument� que Puigdemont y los ex consellers Antonio Com�n y Lluis Puig ten�an "la decisi�n �ltima sobre la disponibilidad de los fondos p�blicos confiados al Gobierno de la Generalitat de Catalu�a y que la utilizaron para hacer frente a los costes inherentes al refer�ndum que ellos mismos quisieron impulsar. (...) Fueron ellos quienes concibieron el plan para lograr la independencia de Catalu�a y adoptaron un acuerdo de gobierno que firmaron todos ellos para asumir determinadas facturas desde sus departamentos. Consecuentemente, los actos de disposici�n del patrimonio de la Administraci�n estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado car�cter patrimonial, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminuci�n de su peculio o patrimonio".El instructor del 1-O razon� que "nada imped�a que el legislador hubiera amnistiado cualquier malversaci�n que cumpliera �nicamente con requerimientos temporales y tendenciales" ya que as� lo hizo con los delitos de desobediencia, prevaricaci�n o usurpaci�n de funciones p�blicas, pero no con la malversaci�n. Fuentes jur�dicas consultadas indican que, sobre el beneficio de car�cter patrimonial, la "sentencia del TJUE no ha cambiado nada ya que las previsiones de la Ley de Amnist�a contin�an siendo las mismas".En la actualidad, el instructor mantiene en vigor la orden nacional de busca y captura contra Carles Puigdemont y no prev� desactivarla, seg�n ha podido saber este peri�dico.Asimismo, se da la circunstancia que la Sala de lo Penal razon� de manera id�ntica a Llarena cuando rechaz� amnistiar la malversaci�n del resto de l�deres del proc�s: del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los ex consellers Ra�l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Todos ellos han recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional que preside C�ndido Conde-Pumpido. Pese a que la corte de garant�as puede -y as� se prev� que suceda a partir del mes de octubre- estimar las demandas de amparo de los l�deres independentistas, fuentes del Supremo recalcan que la interpretaci�n de una Ley es una cuesti�n de "legalidad ordinaria" que les corresponde a ellos. En este contexto, Puigdemont deber� esperar m�s para cantar victoria.