La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la amnistía a los líderes del procés es el colofón del creciente enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la judicatura. El Ejecutivo apenas disimula ya y acusa a algunos jueces de actuar de forma torticera, movidos por fines políticos. En el otro lado, magistrados que ocupan puestos en altas instancias y las asociaciones conservadoras de jueces se consideran atacados en su independencia. Se ven incluso como los últimos defensores del Estado ante un Gobierno que consideran populista y capaz de propiciar la ruptura del Estado y la degradación de las instituciones con tal de mantenerse en el poder.La sentencia del TJUE representa el grado máximo al que se ha llevado el pulso. Será interpretada desde la política como un juicio del tribunal europeo a la actuación del Tribunal Supremo español sobre el independentismo. Es difícil situar el comienzo de la crisis institucional que supone que casi el 60% de los españoles considere que los jueces están “haciendo política” y, por tanto, no son imparciales, según la reciente encuesta de Ipsos para La Vanguardia. ¿Qué fue antes?, ¿la actuación de esos jueces provocó la desconfianza ciudadana? ¿o fue la crítica de una parte de los dirigentes políticos lo que propició esa percepción? O quizá ambas cosas se ayudaron mutuamente.Es complicado buscar un origen del choque, pero algunos actores judiciales y políticos lo sitúan en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut por cuanto supuso una colisión entre el alto intérprete de la Carta Magna y el poder legislativo. Acabó, además, mal resuelto, ya que el Estatut de Catalunya votado en referéndum fue después enmendado por aquel órgano jurídico, con el agravante de que algunas de las limitaciones impuestas por el tribunal se permiten, en cambio, en el Estatuto andaluz. Un despropósito semejante no podía traer nada bueno.Para algunos, Rajoy fue un pusilánime que dejó al Estado en ridículo y el Tribunal Supremo debía restablecer el ordenCuando Sánchez llegó a la Moncloa de la mano de Unidas Podemos ya surgieron chispazos entre el poder judicial y el nuevo Gobierno. Pablo Iglesias declaró a los jueces como uno de los principales enemigos para los cambios que su partido pretendía impulsar desde el ejecutivo de coalición. Iglesias denunció “cloacas judiciales” que actuaban contra su formación, reiteró en que la judicatura estaba tomada por los conservadores, insistió en que había que “democratizar” algunos órganos y trató -sin éxito- de convencer a Sánchez de aprovechar la nueva mayoría parlamentaria para aprobar reformas en ese ámbito que cambiaran la correlación de fuerzas. Los jueces respondieron en varias ocasiones con comunicados del CGPJ instándole a refrenar sus invectivas para no dañar su imagen de imparcialidad.Llegó entonces el juicio y la sentencia a los líderes del procés. Para Sánchez, que necesitaba el apoyo de ERC, era esencial rebajar la tensión en Catalunya. El fallo del Tribunal Supremo resultaba clave para tranquilizar las aguas. Las condenas a largos años de prisión fueron acogidas por muchos en Catalunya como un castigo ejemplarizante y desproporcionado, incluso más allá del independentismo. En cambio, para una parte del Madrid influyente la sedición supo a poco. Al fin y al cabo, el PP o Vox no habían dudado en calificar lo ocurrido de golpe de Estado. Los medios más conservadores empezaron a emplear el término “los unánimes” para referirse de forma sarcástica a los miembros del tribunal, dado el afán del presidente de la Sala, Manuel Marchena, por firmar una sentencia avalada por todos sus integrantes, es decir, por buscar un consenso. Para algunos sectores de la derecha política y mediática, Mariano Rajoy fue un pusilánime que había colocado España al borde de su ruptura y al Estado en ridículo, y el Tribunal Supremo debía restablecer el orden constitucional de forma que no volviera a cuestionarse al menos en mucho tiempo. Unos vieron satisfechas esas demandas y otros creyeron que la sentencia se quedó corta.En paralelo, Sánchez necesitaba el apoyo de ERC para gobernar y los republicanos pusieron los indultos sobre la mesa. El Supremo los rechazó formalmente, pero no los cuestionó. Los magistrados de ese tribunal consideraron que su trabajo estaba hecho y si el Gobierno quería perdonar a los independentistas, ése era su problema. Pero las elecciones del 2023 marcaron un punto de inflexión. El PP ganó, pero Sánchez forjó una alianza que incluyó a Junts para mantenerse en la Moncloa. El pacto con Carles Puigdemont pasaba por aprobar una ley de amnistía. No solo eso. El acuerdo entre el PSOE y Junts incluyó una referencia a la existencia de lawfare, término que aúna la palabra law (ley en inglés) y warfare (guerra) para aludir al uso indebido de procesos judiciales con fines políticos. La ley de amnistía, además, fue recibida por el Supremo como una sonora bofetada a su sentencia porque suponía borrar el delito y enviar un mensaje claro a la justicia europea: España pasa página. Se leyó como una forma de minimizar lo ocurrido y, por tanto, de presentar la sentencia como desproporcionada. Fue visto por el alto tribunal como una enmienda. El malestar se extendió hasta tal punto que se pudieron ver jueces con sus togas manifestándose ante sus juzgados, algo inédito.El concepto de lawfare hace tiempo que está instalado en Catalunya, pero irritó a los jueces al incluirse en el pacto PSOE-JuntsEs necesario repasar esta evolución con perspectiva para saber de qué estamos hablando hoy. El concepto de lawfare hacía tiempo que se había instalado en Catalunya, sobre todo por parte del independentismo, aunque cada vez fue calando más. El terreno estaba abonado con el triste papel del Constitucional a la hora de abordar el Estatut. Pero el lawfare aún no había saltado a la política española, donde el debate estaba más enfocado más en un cierto papel de los jueces como salvadores del Estado. Las quejas de Podemos no dejaban de ser minoritarias y el PSOE no se había sumado a la crítica pública a los jueces, aunque en privado sus dirigentes empezaban a lamentarse de lo que consideraban una colonización total de la judicatura por parte de los conservadores. Es el momento en el que Sánchez trata de combatir ese supuesto sesgo con perfiles progresistas más implicados, como el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general o de su confianza, como el ministro Félix Bolaños en Justicia.A pesar de su redactado ambiguo, la mera insinuación sobre una posible existencia de lawfare asumida por los socialistas levanta ampollas en la judicatura. El propio acuerdo con Junts también. Algunos jueces creen que Sánchez es capaz de ceder a los independentistas una descentralización de la justicia que ven como un riesgo de ruptura territorial de ese poder. Mientras, la renovación del Consejo General del Poder Judicial no se desencalla y arrecia el debate sobre si los jueces tienen que nombrar a los jueces. O, dicho de otra forma, si las asociaciones de jueces tienen que nombrar a los jueces. Es la madre de todas las batallas. Una de las asignaturas pendientes que la judicatura exigirá a Alberto Núñez Feijóo si gobierna. De hecho, ya lo tenía previsto Rajoy cuando llegó a la Moncloa y luego prefirió guardarlo en un cajón. El poder de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), hoy mayoritaria, aún será mayor.De la misma forma que los líderes independentistas se fueron enredando en sus propias promesas imposibles de cumplir, empujados por el ambiente que ellos mismos iban propiciando hasta llegar al colapso, el procés fue conduciendo al Supremo a situaciones cada vez más extremas. El alto tribunal tomó decisiones sobre los líderes independentistas en medio de la presión de un Madrid político y mediático que le exigía dureza para salvar al Estado del riesgo de ruptura. Poco a poco, se fue colocando más cerca de un callejón sin más salida: el dictamen de la justicia europea. Ese viaje acaba hoy, pero la batalla por el control de la alta judicatura no ha hecho más que empezar.Licenciada en Periodismo y Políticas. Directora adjunta de La Vanguardia. Autora de la newsletter 'Política', que se publica cada jueves, y de los libros 'El naufragio' y 'El muro', sobre el conflicto catalán