Apenas unas horas después de conocerse la sentencia del TJUE, sectores del Gobierno y sus socios ya exigían la rendición del Tribunal Supremo. Desde distintos ámbitos se dio por sentado que la resolución obligaba al tribunal español a amnistiar inmediatamente a Carles Puigdemont. Sin embargo, la justicia europea no ordenó amnistiar la malversación ni revisó la calificación de los hechos realizada por el Supremo. Únicamente declaró que el derecho comunitario no se opone a la aplicación de la amnistía, tampoco para según qué casos de terrorismo, y que los hechos investigados no afectaban a los intereses financieros de la UE. Corresponde ahora al Supremo aplicar esa doctrina y, en última instancia, será el Constitucional quien resuelva.La independencia judicial consiste en que los jueces decidan según su interpretación y no según los deseos de quien ostenta el poder. Lo que una democracia liberal no puede tolerar es que los jueces sean sometidos a campañas de descrédito. Por supuesto que las decisiones judiciales se pueden cuestionar, pero sin sobrepasar ciertos límites. Por ejemplo, las polémicas actuaciones del juez Peinado en el caso Begoña Gómez fueron corregidas por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha rebajado o anulado varias de sus decisiones por falta de motivación o proporcionalidad. Eso es precisamente el funcionamiento normal de un sistema de garantías.Esta ofensiva contra el Supremo forma parte de una estrategia de deslegitimación que lleva años alimentándose con el relato del lawfare. Un término que ha pasado de los manifiestos independentistas a los acuerdos firmados por el PSOE y Junts, y que ha sido repetido por miembros del propio Gobierno. Según esta narrativa, determinadas resoluciones judiciales responden a una persecución política.Se ha extendido la idea de que la judicatura forma parte de una difusa "fachosfera". Se repiten tópicos que presentan a los jueces como un cuerpo heredero del franquismo. La realidad desmiente ese relato. La carrera judicial es hoy una de las profesiones más feminizadas de la Administración, el acceso se produce mediante oposiciones rigurosas y abiertas, y la inmensa mayoría han ingresado sin vínculo familiar alguno con la judicatura. Hablar de "jueces franquistas" es una aberración.España necesita sin duda una justicia más ágil. Pero la solución a sus problemas no puede consistir en someter a los tribunales a la voluntad política del momento. La democracia no solo se degrada cuando los gobiernos intentan controlar a los jueces. También cuando se consigue convencer a parte de la ciudadanía de que un juez solo es independiente si dicta la sentencia que ellos esperan. Sin confianza en la justicia, tampoco puede haber confianza en la democracia.