Hasta el retorno de Donald Trump al Despacho Oval, la creación de un ejército europeo parecía instalado en el limbo narrativo de Bruselas, aunque se reactivase con la invasión rusa de Ucrania. Ahora, el objetivo de independencia militar que Washington ha inculcado a sus socios europeos de la OTAN ha intensificado un debate de especial efervescencia para que los aliados atlánticos suscriban el cheque del 5% del PIB en gastos armamentísticos acordado el verano pasado. Justo en medio de otro periodo de displicencia presupuestaria, con la economía del euro al ralentí y el fantasma de la inflación arreciando. Incluso con un dinamismo productivo a medio gas y unas deudas soberanas desbocadas. Tanto de los socios comunitarios como —y sobre todo—, de EEUU.

La versión Trump 2.0 ha encendido de nuevo la mecha del debate. Desde el retorno de Trump a la presidencia estadounidense, los informes geoestratégicos europeos se han cargado de unas recurrentes apelaciones a la “autonomía defensiva” del Viejo Continente. Pese a que la totalidad de los miembros de su club pertenecen a la Alianza Atlántica.

Uno de los más entusiastas defensores del artificioso objetivo de gasto del 5% del PIB que exige EEUU a sus socios atlantistas es su secretario general, Mark Rutte, ex primer ministro holandés especialmente crítico con la propensión al gasto de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) en la crisis de la deuda de 2012 como adalid de los contribuyentes netos de la UE. Rutte se opuso a distribuir a los socios del sur los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation que auparon el ciclo de negocios post-Covid, aunque se mostrara complaciente con los déficits fiscales del eje franco-alemán al frente del ejecutivo de Países Bajos y escenifique sin rubor esos mismos halagos hacia Trump como máximo dirigente de la OTAN.