He estado embarazada cuatro veces pero solo he gestado un concebido no nacido. Mi primer embarazo se interrumpió con un aborto espontáneo y, según la ley de Ayuso, nunca llegó a ser un concebido no nacido, así que nunca hubiera generado derechos extraordinarios para mi familia. Después tuve dos embarazos a término, que tampoco hubieran gozado del nuevo pedigrí de embriones del PP. Mis hijas tuvieron además la mala suerte de nacer en el Madrid del PP, donde no hay escuelas infantiles públicas para todos y las privadas cuestan unos 600 euros al mes. Finalmente, tres embarazos y dos hijas después, engendré a mi primer embrión con derechos añadidos, lo que hoy sería un concebido no nacido. Este embarazo decidí interrumpirlo. Y como vivo en Madrid, donde la sanidad pública ha sido desmantelada por el Gobierno de Ayuso, tuve que pagar de mi bolsillo la intervención, a pesar de ser un derecho que todas las mujeres deberíamos poder ejercer libre y gratuitamente en las primeras 14 semanas de gestación. La ley de los concebidos no nacidos está tan lejos de defender los derechos reales de los sí nacidos, que ni siquiera apunta por un estatus universal que ampare a los primeros y segundos hijos. Es decir, su afán no es ni proteger la vida ni ofrecer ayuda a las familias gestantes. Se trata de una ley cuyo único interés es agitar una creencia, la de que los derechos de un embrión deben prevalecer sobre los de una mujer en caso de que esta decidiera abortar. Y yo me pregunto: ¿desde qué clase de moral se esfuerza tanto la derecha en defender una vida en ciernes (no todas por igual, especialmente la de los terceros hijos) mientras no protege los derechos sociales de los sí nacidos en la Comunidad de Madrid? Me estremece comprobar cómo la derecha sigue trabajando para reabrir el superado debate del aborto, mientras se empeña en hacer compatible lo imposible: la defensa del derecho a la vida y el boicoteo de los derechos sociales. En qué momento la defensa de las vidas en ciernes no exige garantizar escuelas infantiles públicas para los sí nacidos, parques limpios y arbolados, acceso a una vivienda digna para las familias, educación pública excelente (es decir, mejor que la privada y la católico concertada) y asistencia sanitaria a lo largo de todas las etapas de su vida. En qué momento la crisis de la salud mental que machaca hoy a tantos adolescentes y niños puede no ser una prioridad para un partido supuestamente comprometido con el cuidado de la infancia. El PP, que tanto tendría que aportar en materia de protección a la infancia y defensa de la natalidad, ha decidido abandonar a las familias y apelar a la identidad más retrógrada. Según el Ministerio de Derechos Sociales, en el año 2025 se dieron de alta 2.600 nuevas familias numerosas de Madrid. Esas familias, que afrontan la proeza de criar a tres o más niños, necesitan medidas de conciliación y ayudas económicas que no sean simbólicas. Y merecen, además, un reconocimiento social por su aportación excepcional frente al reto del envejecimiento demográfico que padece nuestro país. Pero en vez de eso, el PP quiere convertir su esfuerzo en una bandera antiabortista. Qué vergüenza.