La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.
La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.
