El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid ha incluido en su polémica ley de reconocimiento del concebido no nacido, publicada este viernes en el Boletín regional, una disposición que le permitirá exprimir al máximo esta norma de doble filo: de un lado facilita el acceso a ayudas de las familias y, del otro, justo a las puertas de las elecciones de 2027, introduce en la agenda pública temas de gran carga ideológica y muy movilizadores para su electorado, como la natalidad y el derecho al aborto. Así, la aprobación de la ley apunta a ser el principio de una cascada de anuncios relacionados con ayudas y derechos destinados a “asimilar al hijo ya nacido con el no nacido”, y articulados a través de una disposición que habilita al consejo de gobierno y las consejerías a desarrollar la norma en profundidad. Una posibilidad que la oposición observa con preocupación, tilda de “vergüenza” y estudia con sus abogados al entender que puede ser inconstitucional. “Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de la presente ley”, se lee en la disposición adicional segunda. “Asimismo, exclusivamente en los procedimientos incluidos dentro de su ámbito competencial, se habilita a los titulares de las consejerías para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de la presente ley, con el fin de desarrollar el alcance y las condiciones para que opere la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido”, sigue. Y se remata: “Igualmente, se habilita al Consejo de Gobierno a regular la anticipación de los efectos de la tutela, el acogimiento o la adopción de menores, cuando aún no hayan concluido los correspondientes procedimientos, siempre que, mediante esta anticipación, la unidad familiar o alguno de sus miembros obtengan un mayor beneficio”.No son las únicas puertas abiertas a cambios que recoge la ley. La norma explicita que, en general, no se exigirá un tiempo mínimo de gestación para que una familia pueda acceder a una ayuda. Pero hay dos excepciones: se deberá haber terminado la semana 14 de gestación para optar al título de familia numerosa (mínimo tres hijos) o para solicitar ayudas económicas, que en general se bareman en función de la renta per cápita (total de ingresos de una familia divididos entre sus integrantes). Sin embargo, el gobierno se reserva el derecho a modificar todas esas circunstancias.Mariana Arce, diputada de Más Madrid, lo tilda de “vergüenza”, porque abre la puerta a modificar un contenido “esencial de la ley [porque determina el acceso a ayudas y beneficios] cuando les dé la gana”. “Quiebra el principio de jerarquía [que las normas de rango inferior no contradigan a las de rango superior], es un cheque en blanco sin límites. No han puesto condicionamiento alguno y el gobierno puede reescribir una parte clave de la ley”, comenta. Para la formación que lidera la oposición, el último punto de la disposición —añadido por una enmienda del PP a su propia norma— suscita dudas de constitucionalidad. El día de la aprobación, hace una semana, la portavoz regional del grupo, Manuela Bergerot, avanzó que están examinando todas las vías para impugnar la nueva ley. El partido remitió una advertencia urgente a la mesa de la Asamblea en la que cuestionaban precisamente la disposición adicional segunda. En el escrito sostienen que poder modificar por vía reglamentaria un elemento central de la ley rompe la jerarquía normativa, ya que, al ser “esencial”, debería cambiarse mediante otra norma aprobada por los diputados y no por decisión del gobierno autonómico. “La enmienda no fija criterio alguno, no establece principios, topes o límites a la facultad de modificación que confiere”, recoge el escrito.Lorena Morales, diputada del PSOE, apunta en la misma dirección y opina que la disposición final es “el peligro” de la norma. “Es lo que ellos buscan. La ley no acaba una vez publicada. Su desarrollo empieza ahora, un desarrollo sin control”, critica por teléfono. A Morales le preocupa, en concreto, que las consejerías puedan dictar disposiciones en las que se asuma al concebido no nacido. “Si todas las consejerías tienen que desarrollar esta norma, y van a asimilar el concebido a nacido, ¿qué supone eso en la consejería de Sanidad? Entra en colisión directa con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y más con esa palabra, asimilar. Dejas la puerta abierta a que hagan lo que quieran con ello. Ese era el objetivo, por eso la ley era tan corta [tiene cinco páginas]”, concluye.