La Asamblea de Madrid aprobó el pasado jueves la ley del "concebido no nacido", impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Una norma cuyo alcance y aplicación práctica está rodeada de incógnitas. El texto no modifica la ley del aborto, no reconoce personalidad jurídica plena al embrión ni altera el régimen de derechos durante el embarazo; pero sí que dispone que, en el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, "al concebido se le tendrá por nacido" siempre que ello suponga "un mayor beneficio" para la unidad familiar o alguno de sus miembros. El objetivo de la ley es "asimilar el concebido no nacido al hijo ya nacido" a efectos del reconocimiento de beneficios y derechos autonómicos, especialmente aquellos relacionados con la condición de familia numerosa y otras ayudas públicas.PublicidadEl Ejecutivo autonómico presentó la norma como una medida de "fomento de la natalidad" y para defenderla el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, hizo suyas unas palabras que el papa León XIV tuvo a bien pronunciar en el Congreso durante su visita a la capital: "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso".Cuatro días después, la iniciativa ha dejado de circunscribirse exclusivamente a la política madrileña. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado este lunes a Díaz Ayuso y ha anunciado que impulsará una norma equivalente para toda España si llega a la Moncloa. En realidad, no es la primera vez que Feijóo adopta una medida de este tipo. Cuando presidía la Xunta de Galicia, su Gobierno ya promovió en 2012 una modificación de la normativa de ayudas a la vivienda para que el nasciturus computara "como un miembro más de la unidad familiar" a efectos de acceder a esas prestaciones, que contó con sendas manifestaciones de apoyo por parte de organizaciones antiderechos como Red Madre o el Foro Español de la Familia.Nuevas estrategias, un mismo planLeyes como la del "concebido no nacido" evidencian cómo, paulatinamente, se viene produciendo un cambio en los repertorios de los movimientos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así lo sostiene Marta Mendiola, responsable de derechos económicos sociales y culturales de Amnistía Internacional España, que alerta de la consolidación de un "movimiento transnacional", bien financiado e integrado por organizaciones conservadoras, grupos religiosos, think tanks e influencers, que busca reabrir debates que parecían superados y distorsionar el derecho al acceso al aborto. Mendiola recuerda que al menos 12 países europeos mantienen períodos de espera obligatorios sin justificación médica antes de poder acceder a un aborto legal y 13 exigen asesoramiento obligatorio. Albania, Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal imponen ambos requisitos. En Hungría, además, las mujeres están obligadas a escuchar el latido fetal antes de abortar, mientras que en Turquía las mujeres casadas mayores de 18 años necesitan el consentimiento de su cónyuge para interrumpir un embarazo dentro del plazo legal de diez semanas.PublicidadUn informe elaborado para ONU Mujeres en el marco del 25 aniversario de la Plataforma de Acción de Pekín, en 2020, situaba este fenómeno dentro de un contexto más amplio de "retroceso democrático" y de reacción frente a los avances en igualdad de género. Las autoras, las investigadoras Conny Roggeband y Andrea Krizsán, sostenían en el documento que en los últimos años no solo se ha producido una oposición más beligerante hacia las políticas de igualdad, sino que también había existido un ajuste en las formas en que esa oposición se articulaba. Roggeband y Krizsán se referían, en concreto, a procesos de "deslegitimación discursiva" de las políticas de igualdad, de "reformulación" de los objetivos de esas políticas y de intentos de debilitamiento de las instituciones encargadas de llevarlas a cabo, con especial interés por todo lo relacionado con la familia y los derechos reproductivos.Una idea similar desarrolla la politóloga Cecilia Güemes en un análisis publicado en 2022 por la Fundación Carolina sobre las estrategias de oposición a los derechos de salud sexual y reproductiva en América Latina. En él sostiene que los actores que se oponen a estos derechos han ido ampliando sus repertorios y que, junto a las iniciativas legislativas, han ideado narrativas destinadas a "desmontar, desdibujar o cercenar el reconocimiento jurídico y las prestaciones de bienes y servicios públicos" vinculados a estos derechos.PublicidadGüemes identifica, por ejemplo, cómo cada vez es mayor la presencia de plataformas ciudadanas y organizaciones que han dejado de defender sus posiciones antiderechos apoyándose exclusivamente en argumentos religiosos. Según explica, estos actores recurren cada vez más y de forma coordinada al lenguaje de los derechos constitucionales y de los derechos humanos, y se apropian interesadamente de parte del vocabulario feminista sobre la conciliación o la protección a las maternidades."Pánico demográfico nativista"De modo que no ocurre solo en España. Hay todo un fenómeno internacional. Estados Unidos es otro ejemplo. Durante un acto celebrado en la Casa Blanca con motivo del Mes de la Historia de la Mujer, el pasado mes de marzo, Donald Trump aseguró que le gustaría ser recordado como "el presidente de la fecundación": "Me conocerán como el presidente fecundador y me parece bien (...) Estamos protegiendo los derechos de la mujer, dando la cara por las mamás y las hijas estadounidenses". En ese mismo discurso acusó a la anterior Administración demócrata de haber intentado "abolir el concepto de feminidad y reemplazarlo con ideología radical de género", y prometió que su Gobierno daría "tremendas ventajas a las mujeres con la fecundación".Si algo tienen en común la ley del "concebido no nacido", el anuncio de Feijóo o el discurso de Trump no es tanto su preocupación por la natalidad -ni, desde luego, las condiciones bajo las cuales ésta tiene lugar- como el papel que debe asumir el Estado. En España, además, buena parte de ese discurso había sido formulado con anterioridad por Vox. Es precisamente la agenda del partido ultra la que analizaron las politólogas Alba María Aragón-Morales y Antonia María Ruiz-Jiménez en el estudio La reproducción de la nación en el discurso de la derecha radical española. Tras examinar las intervenciones parlamentarias de Vox entre 2019 y 2022, las autoras observaron cómo el partido ultra ha ido construyendo un relato de "pánico demográfico nativista" -el cual no se puede entender sin considerar teorías conspiranoicas como el llamado "gran remplazo"- que hace una lectura del descenso de la natalidad como una amenaza para la "supervivencia nacional" y legitima, a partir de ahí, una agenda basada tanto en la "familización explícita, mediante incentivos económicos y fiscales" como en la "limitación de derechos sexuales y reproductivos, particularmente, el derecho al aborto"."La reproducción y la propia manifestación de la sexualidad no son un asunto privado", escriben Aragón-Morales y Ruiz-Jiménez, "por cuanto afecta a la propia supervivencia de la nación". Desde esa premisa, añaden, "el Estado se encuentra legitimado para intervenir" mediante políticas orientadas a influir sobre la composición demográfica del país.Esa concepción implica también una determinada manera de entender el rol que deben ejercer las mujeres. Aragón-Morales y Ruiz-Jiménez explican que estos discursos las presentan como "reproductoras biológicas y simbólicas de la nación", correas transmisoras de sus programas biopolíticos. La sustitución de consejerías y concejalías de Igualdad por titulares de Familia en distintas comunidades y municipios dan cuenta de ello.Aplicar la ley frente a los planteamientos antiderechosFrente a este escenario, Amnistía Internacional sostiene que resulta "imprescindible avanzar en la aplicación efectiva de las leyes que garantizan el acceso al aborto y eliminar las barreras que todavía impiden que este derecho pueda ejercerse de forma real, en condiciones de igualdad y sin discriminación".PublicidadLa organización recuerda que la reforma de la ley del aborto, aprobada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023, es "muy clara" al establecer que las administraciones sanitarias deben organizar los recursos necesarios para asegurar el acceso al aborto dentro del sistema público de salud, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).