Una medida que no va en contra de nadie. Una política útil. Un apoyo a la familia. Un impulso a la natalidad. Y, por último, una defensa de la vida. Es como el Partido Popular de Madrid ha descrito su norma estrella, el broche antes de las vacaciones: la ley del concebido no nacido, prometida por Isabel Díaz Ayuso hace siete años, alabada por la ultraderecha ―con quien la presidenta autonómica compite en el discurso natalista―, y criticada en la izquierda, que la considera “claramente ideológica” y alejada de las necesidades reales de los madrileños. Se aprobó hace menos de una semana y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dicho que, si gobierna, impulsará una ley estatal igual a la de su compañera de partido. El núcleo de la norma: el embrión se reconoce como un miembro de la familia y, en consecuencia, adquiere “beneficios y derechos”. El PP defiende que esta es una ayuda que padres y madres necesitan y la oposición pone el foco en la lectura entre líneas: considerar al feto como a un hijo es el primer paso para un retroceso en los derechos de las mujeres. Pero, ¿qué dice la nueva ley? La norma es corta y va al grano: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”. Esto es, desde el momento del embarazo, el embrión cuenta a efectos administrativos como un niño que ya existe y las familias podrán recibir las ayudas a las que accederían si, en efecto, ese niño hubiera nacido. Por ejemplo, aquellas en las que el criterio de renta depende del número de integrantes de la familia, como las becas comedor o el alquiler joven. También implica que quienes tengan dos hijos y estén esperando otro pasan a considerarse familia numerosa antes de que nazca el tercero, lo que les da acceso con varios meses de antelación a deducciones fiscales o descuentos en el transporte público, entre otros. Para acceder a los beneficios, la mujer debe presentar un informe médico, emitido cinco días hábiles antes de hacer la solicitud, que identifique al profesional, su número de colegiado, la semana de gestación y la fecha prevista de parto. El anteúltimo punto, en qué semana del embarazo se encuentra la persona, es clave. Como norma general, no se requiere una semana mínima, por ejemplo, para el cálculo de la renta per cápita familiar o acceder a plazas en una escuela infantil. Pero para ayudas económicas y el título de familia numerosa se exige haber superado la semana 14 de gestación. ¿Y qué pasa si se conceden ayudas y, finalmente, el embarazo no llega a término? La familia deberá comunicarlo a la Comunidad de Madrid, que no puede reclamar la devolución de los beneficios obtenidos. Respecto a qué ocurre con el título de familia numerosa, una portavoz de la Consejería de Presidencia, que impulsa la nueva norma, indica que estas familias están obligadas por ley a comunicar cambios en su situación en un plazo de tres meses. Hasta ahora, tras los anuncios a bombo y platillo de la medida, Ayuso no había respondido qué ocurría si el niño no nacía. “Caballo de Troya”Sandra María Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo y coordinadora de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en Galicia, explica que hablar de derechos del no nacido “no es inocuo”: “En nuestro sistema, el nacimiento determina la personalidad jurídica. ¿Qué ocurre cuando se adoptan este tipo de normas, bajo la apariencia de una medida prestacional? Hay un desplazamiento simbólico del centro de gravedad del sistema. De la mujer embarazada, el sujeto pleno de derechos, pasamos al embrión como pretendido sujeto jurídico autónomo”. El riesgo empieza con el lenguaje, explica, porque si fuera simplemente una forma de adelantar prestaciones, “bastaría con decir ‘ayudas a mujeres embarazadas’ o ‘apoyo anticipado a unidades familiares con embarazos en curso’. Pero hay una carga simbólica al reconocerlo como miembro de la unidad familiar. Ese es el caballo de Troya”.En la ley, y en la Asamblea, el PP defiende que equiparar el embrión al niño nacido es un beneficio para la familia y contribuye al fomento de la natalidad. “Es un grito a la vida”, dijo Alfonso Serrano, número dos de Ayuso. El portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, añadió: “En Madrid no penalizamos a quien quiere tener hijos, a quien protege la vida. Aquí les ayudamos”. El discurso en la cámara fue en esta línea: que la norma es útil, que quién no va a querer facilidades en el acceso a ayudas económicas. “No es aséptico. Si se habla del concebido no nacido con derechos, se plantea como si hubiese dos sujetos jurídicos simétricos, la madre y el no nacido”, señala la jueza Piñeiro.Esto, critican en la oposición, es la “trampa” del relato, donde lo importante es el precedente que sienta la norma. Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea, opina que la nueva ley “es el principio de muchas cosas”. “Conceder derechos totales al concebido no nacido introduce un nuevo marco. Les dices a las mujeres: ‘¿Cómo vas a interrumpir el embarazo si lo que llevas ya es una personita con derechos?’ ¿Iguales a los de tus hijos ya nacidos? Estás añadiendo más culpa, dolor y señalamiento”, apunta por teléfono. El discurso en el pleno, dice, está calculado, porque “deja a quienes se oponen como alguien contrario a la familia”. La carga ideológica, señala Morales, se entiende con lo publicado después en redes sociales. Se refiere, primero, al tuit de Ayuso nada más aprobarse la ley: “El concebido es persona desde el minuto uno y por eso tiene derechos [...] En defensa de la vida”, escribió en X. Y, horas después, al del principal asesor de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. “Según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos”, publicó. Es la forma de abordar tangencialmente una cuestión incómoda: el aborto. La líder autonómica pasó de defender que el PP siguiera el pulso de la sociedad con la expresidenta regional Cristina Cifuentes (PP) a definir la interrupción voluntaria del embarazo como “un fracaso”. María Arce, diputada de Más Madrid, habla de dos relatos que conviven con un propósito: retener al votante moderado y atraer al de ultraderecha. “Usan terminología muy concreta, como asimilar o fomento de la natalidad. Pero luego hay cosas curiosas, como que algunas medidas se aplican a partir de la semana 14 de embarazo. Es decir, parten del sistema de plazos [de la ley del aborto] que tenemos vigente. Están hablando a los dos electorados. Uno ve que esto agiliza trámites burocráticos. Y el otro [por los más conservadores] se siente apelado”, comenta también por teléfono. Vox apoyó la ley, aunque la considera insuficiente. La formación de Santiago Abascal quiere dar personalidad jurídica al concebido no nacido, algo que no contempla la nueva norma madrileña porque requeriría reformar el Código Civil. Para las dos diputadas, la nueva ley no facilita la maternidad y ambas proponen medidas con el foco en aquellas prestaciones que ya utilizan los niños, como los comedores escolares. “Esto realmente no mejora nada. En Madrid, por ejemplo, las ayudas que hay para la maternidad son para mujeres que tienen hijos antes de los 30, cuando la media está ya en más de 32″, apunta Arce. Morales añade: “Hay niños y mujeres embarazadas que no tienen acceso ni al médico de cabecera ni al pediatra”. El PSOE ha presentado en la Asamblea una proposición de ley para crear un Sistema de Cuidados y Corresponsabilidad, en el que se incluyen medidas como la universalización paulatina de las escuelas infantiles, una ayuda económica periódica para la crianza o complementos para las familias monoparentales. En esta línea, Más Madrid presentó a finales del año pasado una propuesta legislativa para reconocer a las familias monoparentales (unas 250.000) y que tuvieran los mismos derechos que las numerosas. PP y Vox votaron en contra. “Nos están vendiendo una mentira”, concluye Arce.