La ley madrileña del ‘concebido no nacido’ que el PP quiere exportar a toda España abre un precedente peligrosoEl expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.A. Pérez Meca (Europa Press)Hay iniciativas políticas concebidas más para hacer ruido y agitar la polarización que para solucionar las dificultades reales del ciudadano. La ley de la Comunidad de Madrid para equiparar el feto en gestación a un hijo ya nacido a la hora de repartir prestaciones públicas es una de ellas. El fomento de la natalidad es el objetivo proclamado en la llamada ley del concebido no nacido, que Alberto Núñez Feijóo ha prometido extender al resto de España si llega al poder. Resulta una manera poco sutil de fomentar batallas ideológicas. Y a la larga puede acabar socavando derechos ya consolidados como el de la interrupción voluntaria del embarazo.Cuando entre en vigor, la nueva ley va a cambiar poco en la vida de los madrileños. No afectará mucho ni a quienes acceden al carné de familia numerosa, ni a los que reciben las escasas becas comedor o el resto de las ayudas públicas. Porque una familia numerosa tiene hoy pocas ventajas en esta comunidad, más que descuentos en el transporte. El verdadero problema en Madrid es que las ayudas públicas resultan insuficientes en una población que supera ya los siete millones de madrileños, e iniciativas como la del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre los derechos a los no nacidos no resuelven estas carencias.Pero una cosa es que la presidenta madrileña cultive esta forma de guerras culturales y otra distinta es que el PP de Feijóo adopte esta misma política para toda España “¿A quién puede agredir u ofender el fomento de la natalidad, la protección de la maternidad, el apoyo a las parejas que desean tener hijos?”, defendió ayer en un comunicado el laboratorio de ideas conservador FAES, la fundación que dirige José María Aznar.Y justamente esta es la trampa: poner el foco en los supuestos beneficios de la norma para que no reparemos en el peligroso precedente que abre. Porque la legislación en España ya reconoce algunos derechos civiles y patrimoniales al concebido no nacido, con la condición de que nazca con vida. En cambio, la ley de Ayuso, y posiblemente la que dé a luz el PP en el futuro, no contempla la obligación de nacer. En algunos de los beneficios “no se exigirá para la asimilación una semana mínima de gestación” y eso otorga en la práctica derechos al no nacido más allá del marco vigente durante décadas, fruto del consenso.No puede despreciarse como una polémica más. Esta ley deteriora el sistema de plazos de la ley del aborto. Cuando los derechos adquiridos por un no nacido por estos beneficios se contrapongan al derecho de una mujer a abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación, volveremos al debate de cuál de ellos debe primar. Y esta falta de claridad sabotea cualquier reflexión sosegada sobre un debate que ya está superado y sobre el que no existe ninguna demanda social. Lo demás es ruido ideológico y demagogia.Archivado EnOpiniónEspañaLegislaciónPolíticaComunidad de MadridIsabel Díaz AyusoJosé María AznarIdeologíasAbortoDerechos mujer