La organización ambientalista Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde (EGAV) ha presentado varias denuncias ante varios departamentos de la Xunta de Galicia y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil alertando de las emisiones a la atmósfera de polvo tóxico procedente del depósito de lodos rojos en los que la empresa Alúmina Española SA, propiedad de la multinacional estadounidense Alcoa y dedicada a la producción de aluminio y alúmina, lleva décadas vertiendo los residuos industriales de su actividad.PublicidadLa asociación, que en su denuncia ante la Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta de Galicia acusa a la empresa de un delito continuado contra el medio ambiente y alerta de que esos residuos, clasificados como peligrosos por algunas de sus propiedades nocivas, deberían contar con una categoría de peligrosidad aún mayor cuando, a causa del calor y la sequía, pasan de su estado húmedo a polvo en suspensión y el viento los arrastra en una zona que cuenta con varios núcleos de población habitados.EGAV ha adjuntado a su denuncia varios vídeos y fotografías del viento levantando el polvo rojo sobre la balsa, así como de los daños que ha provocado en bosques y plantaciones aledañas e incluso alejadas centenares de metros de la planta. En otras ocasiones, también adjuntaron material gráfico de carreteras manchadas de rojo y acuíferos contaminados cuando las lluvias arrastran el polvo.Alúmina a partir de la bauxitaLos llamados barros rojos son el residuo resultante del proceso industrial de obtención de alúmina a partir de la bauxita. En San Cibrao, Alcoa gestiona una instalación construida en 1979 para almacenar este material y asociada a su complejo industrial, que incluye la refinería de alúmina, la planta de aluminio y otras infraestructuras.La denuncia de EGAV se apoya en una intervención pública de la jefa de planta de Alcoa durante una charla celebrada el pasado 28 de mayo para presentar el plan de emergencia exterior del depósito. Según recoge la asociación a partir de una grabación de su intervención, la responsable de la compañía habría reconocido que el viento puede levantar partículas de la superficie de los lodos y que las medidas aplicadas hasta ahora no habían logrado eliminar completamente esos episodios.Publicidad"Con la gran superficie que tenemos cubierta de barro, lógicamente, si hay viento, se va a levantar algo de polvo. Somos conscientes", recoge la denuncia citando a la jefa de planta, quien también explicó que mantener toda la superficie húmeda de manera permanente sería inviable porque requeriría unos 2.000 metros cúbicos de agua por hora, una capacidad que la propia compañía considera fuera de sus posibilidades actuales.La discusión se centra en la clasificación de peligrosidad de los residuos. Los barros rojos almacenados en la balsa están calificados como HP4 (irritantes, pueden causar lesiones cutáneas y oculares) y HP8 (corrosivos, pueden causar lesiones graves y destruir tejidos). HP son las siglas en inglés de hazardous properties, propiedades peligrosas, según el estándar de la legislación europea. Según la asociación, si el lodo se seca y el barro se convierte en polvo, que es lo que ha sucedido y viene sucediendo desde hace años en épocas de mucho calor, su peligrosidad aumenta y los residuos, según la normativa comunitaria, deberían calificarse además como HP5 (toxicidad específica en determinados órganos, especialmente los pulmones, por inhalación) y HP7 (carcinógenos, pueden provocar cáncer o aumentar su incidencia).PublicidadDispersión en el ambienteLa asociación sostiene que las condiciones que permitían excluir esas categorías no se cumplen porque la propia existencia de polvo demostraría que el material puede dispersarse en el ambiente. Y que, teniendo en cuenta las nuevas calificaciones, la empresa estaría obligada a reforzar las medida de seguridad ambiental y a renovar sus planes de gestión, de riesgos laborales y de emergencias, además de advertir a la población y a las autoridades del riesgo medioambiental y para la salud pública.Nery Díaz, presidenta de EGAV, asegura que el episodio actual no es aislado. "Esta es una más. Llevamos años denunciando cada episodio de polvo tóxico, son constantes y recurrentes", afirma. La asociación sostiene que ha comunicado situaciones similares en 2023, 2024, 2025 y 2026 ante distintos organismos –el Seprona y las consellerías de Medio Ambiente, Sanidad, Medio Rural e Industria–, y reclama una investigación sobre los posibles efectos ambientales y sanitarios"Lo que está sucediendo es una barbaridad, y la inacción de las administraciones, sobre todo de la Xunta, es incomprensible", afirma Díaz, que relaciona la presencia de polvo con daños en el entorno de la balsa, exige que se evalúe el posible impacto sobre la población y afirma que su asociación dispone de informes que demostrarían que la incidencia de determinadas enfermedades en la comarca es muy superior a la media, y que las explotaciones agrícolas y ganaderas de carácter familiar de la zona también resultan afectadas.Uno de los ejemplos de la gravedad del problema es el de Andrea González Río, que hasta 2023 era propietaria de Tropic Gaia, una empresa que explotaba una granja ecológica situada en la parroquia de Morás, en Xove, a pocos kilómetros del complejo industrial. Cultivaba frutas como pitayas, physalis, fresas y kiwis, y elaboraba mermeladas artesanales que llegaron incluso al comedor de empresa de Inditex en Arteixo (A Coruña). También participaba en programas formativos para escolares que visitaban su explotación periódicamente para conocer los modos de la agricultura ecológica."Me han arruinado la vida"Un día de octubre de 2023, después de varios jornadas de calor, sequía y viento, Andrea descubrió que el polvo rojizo había atravesado las mallas de sus invernaderos y había arrasado sus cultivos. Tras denunciar los hechos ante el Seprona, los análisis detectaron metales pesados y tóxicos como arsénico, cadmio, mercurio, plomo y aluminio en las plantas y en la tierra. La Xunta prohibió posteriormente la comercialización de sus productos y Andrea acabó cerrando la explotación después de que nuevos análisis confirmaran meses después que su granja seguía contaminada."Me han arruinado la vida", lamenta hoy, tras reconocer que aún no se ha recuperado emocionalmente de todo aquello. Está haciendo oposiciones, y ha demandado a Alcoa por los daños ocasionados. La vista oral del proceso judicial que abrió con su demanda está prevista para el próximo 27 de febrero, un día antes de su 40 cumpleaños. Según explica, la empresa sostiene en su respuesta a su demanda que el polvo que arruinó su empresa no procedía del depósito de lodos situado en las cercanías de su granja, sino de la arena procedente del Sáhara, en África, a 2.000 kilómetros su aldea.PublicidadAlcoa, que ha matizado que no valora el caso de Andrea porque nunca lo hace con procedimientos judiciales en curso, sí niega tajantemente la denuncia de los ambientalistas y asegura que el depósito "está en cumplimiento de la normativa de gestión del residuo de la instalación, en consonancia con lo establecido por las autoridades públicas competentes". La empresa defiende que se trata de una instalación autorizada, con todos los permisos sectoriales necesarios y con una declaración de impacto ambiental favorable emitida por la Xunta en octubre de 2024.Sobre la presencia de polvo, la multinacional explica que ha reforzado las medidas de control. El depósito, afirman fuentes de la dirección, dispone de "63 rociadores automáticos para la humectación del perímetro", además del riego continuo de los viales mediante camiones cisterna y el uso de un producto aglomerante antipolvo. Añade que cuenta con una red de medición en línea y un sistema de videovigilancia para controlar el polvo y otros indicadores de peligro.La empresa niega que haya riesgo para la saludLa compañía niega que exista riesgo para la salud de los vecinos y subraya que "el residuo de bauxita de Alcoa se almacena en instalaciones especializadas que cumplen y en muchos casos superan la normativa vigente". También asegura que el rediseño de los diques previsto para la ampliación del depósito incrementa la seguridad siguiendo referencias internacionales para este tipo de instalaciones.PublicidadEsa ampliación de la balsa también ha generado controversia. El proyecto contempla elevar el dique principal del depósito desde los 100 hasta los 104 metros en una fase actualmente en ejecución, para continuar posteriormente hasta los 110 metros, aumentar su capacidad y prolongar la vida útil de la refinería. Alcoa defiende que se trata de una actuación necesaria y autorizada, pero los colectivos ambientalistas la cuestionan por los riesgos asociados a seguir aumentando el volumen de residuos almacenados en la instalación.La Xunta de Galicia no ha querido aportar valoración alguna sobre la denuncia de EGAV ni sobre si existe un riesgo medioambiental o para la salud pública. Público solicitó una respuesta a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático del Gobierno de Alfonso Rueda, dirigida por Ángeles Vázquez, pero el departamento eludió darla y remitió cualquier pregunta a la Consellería de Economía e Industria, encabezada por María Jesús Lorenzana.Medio Ambiente explicó a este diario, que le consultó expresamente por los riesgos medioambientales, que las competencias sobre el depósito corresponden a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas y no a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sustentabilidade. A la hora en la que se terminó de redactar este artículo, el departamento de Lorenzana tampoco había respondido.El Sergas no se pronunciaPúblico también se dirigió al Servizo Galego de Saúde (Sergas), dependiente de la Consellería de Sanidade, que dirige Antonio Gómez Caamaño, para conocer si la Dirección Xeral de Saúde Pública tiene conocimiento de la denuncia y si ha realizado alguna evaluación sobre posibles riesgos para la población. La petición se dirigía especialmente a saber si existen actuaciones relacionadas con la protección de la salud ante posibles episodios de contaminación ambiental, competencia del citado departamento, pero el Sergas tampoco ha ofrecido respuesta.PublicidadEl entorno del depósito afecta a una zona donde residen miles de personas. Los municipios de Xove y Cervo suman alrededor de 7.500 habitantes empadronados durante el invierno, según el Instituto Galego de Estatística; la comarca de A Mariña Occidental donde se ubican supera los 25.000 y, si se incorporan las comarcas aledañas de A Mariña Oriental y Ortegal, la población supera las 50.000 personas. En un radio aproximado de 50 kilómetros alrededor del depósito de Alcoa viven unas 75.000 personas, una cifra que se multiplica durante los meses de verano.Este diario también intentó recabar la opinión de los alcaldes de Xove y Cervo, José Demetrio Salgueiro Rapa y Dolores García Caramés, ambos del Partido Popular, o de alguno de sus portavoces municipales. Ninguno respondió a las reiteradas llamadas, mensajes y correos de Público.