“Un programa para la recuperación y el empleo”. Es el nombre del paquete de reformas presentado la semana pasada por el Gobierno de coalición alemán, liderado por el canciller Friedrich Merz. Los conservadores de la CDU-CSU y los socialdemócratas del SPD dejaron así atrás meses de diferencias, disputas y rencillas sobre las reformas que necesita un país inmerso desde hace años en una crisis económica estructural.
El modelo económico alemán, basado durante décadas en energía barata –el gas importado de Rusia a través de los gasoductos Nordstream, hoy saboteados e inoperativos– y por una industria exportadora –con el sector del coche como principal bandera–, ha dejado de funcionar y no tiene visos de arrancar de nuevo. Las cifras apuntan a una desindustrialización de la primera economía europea. El Gobierno de Merz pretende con su batería de reformas frenar esa tendencia y devolver a Alemania a la senda del crecimiento.
Pero las propuestas del Gobierno de Gran Coalición están lejos de una reforma de fondo que dé respuesta a una crisis económica estructural y no coyuntural. A grandes rasgos, las 12 páginas del documento, que contiene un total de 34 medidas, se pueden resumir en un intento de impulsar el crecimiento de un modelo en decadencia, garantizar el empleo, reducir la carga burocrática para empresas y ciudadanía, y fomentar las inversiones y las “tecnologías del futuro”.
