Andalucía ya no es una excepción, sino la norma. Juanma Moreno ha enterrado para los restos la vía andaluza, tras abrirle las puertas de San Telmo a Vox, asumir su agenda ideológica y consolidar de facto la única alternativa política que puede ofrecer el PP: un gobierno de coalición con la ultraderecha. El escenario que en 2023 tuvo un innegable efecto movilizador en la izquierda tras los primeros gobiernos regionales de coalición PP-Vox, hoy es una incógnita, a tenor del mapa de la corrupción que afecta al PSOE y que en la calle Génova auguran que escalará hasta el mismísimo presidente del Gobierno.
Gota a gota y auto a auto, el cerco judicial sobre los socialistas se estrechaba esta semana con la imputación de otras 25 personas en el caso Leire por presuntos amaños en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas. La presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y otros altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales están, por tanto, bajo la lupa judicial como lo están también por decisión del juez Pedraz la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo del cuerpo, Manuel Llamas. En este último caso se les imputan delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por presuntas presiones a los agentes que investigaban los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno.
