Más del 90% del nuevo gobierno andaluz será del PP ―Vox solo tendrá una macroconsejería con rango de Vicepresidencia―, pero más del 90% de su discurso será de Vox. Aunque a Juan Manuel Moreno le faltaban solo dos escaños para ser reelegido, el pacto suscrito entre los dos partidos incluye todos los postulados ultras asumidos por sus homólogos de Extremadura, Aragón y Castilla y León –del principio de prioridad nacional al negacionismo climático, el hachazo a las ayudas a los sindicatos o la derogación de la Ley de Memoria Histórica— pero va algunos pasos más allá cuando se compromete a no apoyar las zonas libres de emisiones en los municipios andaluces y a revisar la ley de Vivienda que la Junta aprobó hace solo seis meses o hace guiños a los sectores antiabortistas.“Prioridad nacional”. Después haberlo despreciado repetidamente, calificándolo de “eslogan hueco”, el presidente andaluz ha comprado sin matiz alguno el principio de prioridad nacional defendido por Vox; es decir la discriminación de los inmigrantes en el acceso a servicios sociales y ayudas públicas y también la exclusión de las personas en situación irregular de cualquier tipo de prestación, salvo en “supuestos de urgencia vital”. El capítulo del pacto referido a la inmigración reproduce textualmente los acuerdos alcanzados por Vox y el PP en otras comunidades, sin que el PP andaluz, supuestamente más moderado, haya conseguido suavizarlos en absoluto. Así, incluye el rechazo de la Junta a hacerse cargo de la atención a cualquier inmigrante, sea adulto o menor; la verificación de la edad de niños y adolescentes extranjeros no acompañados; la “supresión total de las subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal” –entre las que Vox incluye a Cáritas, la organización que canaliza la acción social de la Iglesia católica— o el establecimiento de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación al territorio” para acceder a ayudas públicas. Revisión del Foro del Migrante. El pacto también recoge la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, la creación de un servicio para verificar el fraude en el empadronamiento y el compromiso de impulsar en las Cortes una reforma de la regulación del padrón municipal y de la Ley de Extranjería, ambas de competencia estatal. Además, Vox ha arrancado a Moreno “la revisión de las funciones y composición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante”, un órgano asesor de la Junta en el que participan las asociaciones que atienden a los inmigrantes; y la demanda de que se publiquen las estadísticas de los procedimientos de expulsión por delitos.Fin a la enseñanza de árabe. Moreno ha aceptado la exigencia de Vox de poner fin a la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí en las escuelas andaluzas, igual que en otras comunidades autónomas del PP, con la diferencia de que en Andalucía tiene mayor peso: más de 1.800 alumnos de casi un centenar de colegios e institutos están acogidos a este programa, que financia Marruecos.Vivienda. En materia de vivienda también se aplica la preferencia nacional, estableciendo la “asignación prioritaria” de viviendas protegidas y alquileres sociales a los solicitantes que acrediten un “arraigo real y prolongado, basado en el empadronamiento histórico en Andalucía y España (mínimo de 10 años para la compra y 5 para alquiler)”, la misma fórmula acordada en los otros pactos de gobierno de PP y Vox.Moreno acepta modificar la Ley de Vivienda de Andalucía, que el Parlamento regional, con mayoría absoluta del PP, aprobó en diciembre pasado. Los dos partidos se comprometen además a construir 20.000 viviendas protegidas (en Extremadura eran 3.500, en Aragón 4.000 y en Castilla y León, 5.000). Lo más llamativo es el anuncio de que estudiarán “fórmulas fiscales jurídicamente viables de carácter disuasorio para compradores extranjeros y operaciones especulativas”; aunque sin compromiso alguno.Sanidad. El rechazo a los extranjeros impregna todo el pacto, incluso el apartado sobre Sanidad, que recoge una medida no incluida en otros acuerdos: la realización de una “auditoría anual del coste sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía”; en la que se diferenciará, “en la medida en que lo permita la legislación vigente”, el coste en el que incurran residentes legales, desplazados temporales y personas sin residencia legal, según los distintos tipos de asistencia (urgente, farmacéutica, hospitalización, etcétera). Tras el escándalo de los cribados por el cáncer de mama, el pacto incluye la implementación de “un circuito preferente de sospecha fundada de cáncer de mama” y otros cánceres, aunque no concreta su dotación presupuestaria. El acuerdo solo dice que el presupuesto de Sanidad se incrementará “al menos, en un porcentaje equivalente al que lo haga el presupuesto” de la Junta, que ambos partidos se comprometen a aprobar en los próximos cuatro ejercicios. Privatización parcial. A diferencia de otros acuerdos autonómicos, que abogan por potenciar la sanidad pública, el pacto andaluz abre explícitamente la puerta a la privatización parcial de la atención sanitaria: aboga por la colaboración con entidades privadas “cuando sea útil para reducir listas de espera, pruebas diagnósticas o actividad asistencial demorada”; a condición de que se base en “contratos transparentes, precios auditables, indicadores de calidad, publicación de resultados, control público y cláusula de reversión si no se cumplen los objetivos”.No al Pacto Verde. Aunque Vox no ha logrado como pretendía hacerse con la Consejería de Agricultura, ante el rechazo de las principales organizaciones agrarias, sí ha conseguido imponer sus postulados, que impregnan el capítulo dedicado al sector primario. Moreno ha asumido, igual que sus pares de Extremadura, Aragón y Castilla y León, el discurso contra la Agenda 2030, el Pacto Verde y el acuerdo con Mercosur, apoyados por el PP en el Parlamento europeo, pero también el rechazo a la reforma de la PAC (Política Agraria Común); especialmente la condicionalidad de las ayudas a la política medioambiental.Ganadería industrial. El lenguaje de Vox aflora en la defensa que hace el pacto “de la ganadería intensiva [es decir, industrial] frente a la criminalización del lobby animalista y a las políticas climáticas desarrolladas desde Bruselas”, como si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no fuera correligionaria de Moreno y él mismo vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE. En línea con los planteamientos del partido ultra, el acuerdo rechaza limitar los días de pesca de la flota y se compromete a revisar la delimitación y protección de los espacios naturales.Medio ambiente. El capítulo de medio ambiente parece escrito por la mano de Vox cuando muestra su apoyo a las sociedades de cazadores y reivindica la tauromaquia. Las principales novedades, sin embargo, están en el anuncio de que se revisará la ley andaluza contra el cambio climático, que el Parlamento regional aprobó en 2018 con el apoyo del PP, y el compromiso de “no promover, financiar, subvencionar ni incentivar […] la creación, ampliación o endurecimiento de las zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces”. Esta medida no figura en los anteriores pactos PP-Vox.El negacionismo climático llega también a la política fiscal con otra medida novedosa: la promesa de suprimir los impuestos medioambientales (sobre bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales) “para aliviar las cargas que soportan familias, empresas y autónomos”. En la misma línea, el pacto compromete a la Junta a oponerse a la instalación de macroproyectos de energía eólica y fotovoltaica en suelos de uso agrícola. Las rebajas fiscales previstas son parecidas a las acordadas por PP y Vox en otras comunidades, aunque más limitadas: en Andalucía la bajada del 0,25% anual en la cuota del IRPF se aplica solo en tramos de hasta 60.000 euros; y la deducción por nacimiento o adopción del primer hijo será de 500 euros, frente a los 1.200 de Castilla y León. En cambio, habrá una nueva deducción para pacientes de ELA de 2.000 euros.Familia. Al contrario que los otros tres acuerdos suscritos por PP y Vox, el pacto andaluz incluye algunos guiños a los sectores ultraconservadores, como la promesa de aprobar una Ley de Familia, para “fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia”. Además, en línea con los postulados antiabortistas, anuncia “campañas de sensibilización social y apoyo a la maternidad y a la vida como un bien social” y la “puesta en marcha de un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada”, que “garantice la información necesaria a las parejas” y, especialmente, a las mujeres en situación de vulnerabilidad; un anuncio que recuerda la oferta de escuchar el latido letal que se intentó instaurar en Castilla y León para las mujeres que decidan abortar.Educación. El pacto prevé la incorporación de 1.500 profesores de apoyo a alumnos con necesidades específicas; la concertación de centros privados de bachillerato (es decir, enseñanza no obligatoria), garantizando la “libre elección” a las familias: y la instauración de una nueva asignatura de historia del terrorismo, igual que en Aragón y Castilla y León. Como broche, dos clásicos del partido ultra: el recorte en un 50% de las ayudas a sindicatos y organizaciones empresariales y la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, que se aprobó en 2017 sin votos en contra, para sustituirla por una Ley de Concordia que probablemente siembre la discordia en un Parlamento andaluz más polarizado que hace una década.