Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha asumido las banderas más radicales de Vox para poder ser elegido por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía y ha metido a la ultraderecha en su Ejecutivo: le ha entregado las competencias en Justicia y también en Turismo, Desregulación, un término del gusto de Vox, y Administración Local, carteras que se agrupan en una sola macroconsejería con rango de vicepresidencia que quedará, cuando Moreno termine de conformar su nuevo gabinete, en manos de Manuel Gavira, hasta ahora portavoz del partido de Santiago Abascal en Andalucía.PublicidadEl texto, que contiene 150 medidas y un compromiso de aprobar los próximos cuatro presupuestos, lo que le da a Moreno la "estabilidad" que buscaba, es un compendio de varias de las obsesiones xenófobas y antifeministas de Vox y contiene diversos hits. Así, recoge la xenófoba idea de la "prioridad nacional", en la que Vox ha basado todos los pactos autonómicos que ha firmado hasta ahora con el PP, además de diversas medidas que criminalizan a los migrantes. Entre el punto 12 y el 23 del pacto, se recogen los acuerdos que criminalizan a los migrantes y la acción de las ONG que trabajan con ellos. También se pacta la "prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos". El punto 16 plantea lo siguiente: "Supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal". "La Junta de Andalucía —prosigue el texto— no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada. Asimismo, se revisarán las funciones y composición del Foro Andaluz para la integración de las personas de origen migrante". El punto 15 recoge una "auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva". A lo largo del pacto, en otros puntos también se incluyen estas obsesiones xenófobas, como por ejemplo, en el 100, donde se prevé una "auditoría anual del coste sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía". El acuerdo, en sanidad, el talón de Aquiles de Moreno Bonilla y cuyo deterioro es una de las causas fundamentales de la pérdida de su mayoría absoluta, recoge varias medidas, entre ellas una que fomenta la privatización. En el punto 93 se recoge: "Se permitirá la colaboración con entidades privadas cuando sea útil para reducir listas de espera, pruebas diagnósticas o actividad asistencial demorada, pero siempre con contratos transparentes, precios auditables, indicadores de calidad, publicación de resultados, control público y cláusula de reversión si no se cumplen objetivos". Para el secretario institucional de UGT en Andalucía, Rafael Gelo, el pacto es una "muy mala noticia". "Lo que hay son recortes de derechos y de servicios fundamentales. Ponen al borde del precipicio a la sanidad pública, le abren la puerta de par en par a la gestión privada", analiza Gelo.Esta medida tiene estos plazos: "Nuevo marco de control en los seis primeros meses, aplicación inmediata a nuevos contratos y cláusula de reversión si no se cumplen los objetivos". En el punto 98, donde se recoge un plan de choque para pruebas diagnósticas de imagen, también se permite la "derivación temporal controlada cuando el sistema público no pueda absorber la demanda".PublicidadA los sindicatos, contra los que el acuerdo arremete directamente en el punto 145, les preocupan también las rebajas fiscales propuestas por lo que implican de merma de ingresos públicos. "¿De dónde van a sacar el dinero que se necesita? Así no se sostiene el Estado del Bienestar", consideran en UGT. En ese punto 145, el pacto recoge la reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, un ataque directo e ideológico a la concertación social, según los sindicatos. Fuentes sindicales señalaron a Público, empero, que este apartado no era el que más les preocupaba del acuerdo y señalaron que las cuotas sindicales eran su principal fuente de financiación. En educación el pacto recoge de nuevo otra obsesión xenófoba y suprime "el programa de lengua árabe y cultura marroquí en Andalucía". También señala que se velará "por la conveniencia en los centros educativos, así como por promover en ellos el aprendizaje y respeto a nuestros usos y costumbres". También "se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio, con el objetivo de desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas". Para el sindicato Ustea el acuerdo es "racista, clasista y profundiza el desmantelamiento de la educación". Usted también hace hincapié en "la decisión de ampliar progresivamente los conciertos educativos al Bachillerato, la FP y la Educación Especial". A juicio del sindicato, "esta medida profundiza en la privatización de la enseñanza mientras la red pública continúa perdiendo recursos y oferta educativa".PublicidadMoreno también ha pactado con Vox una "nueva ley de Concordia". "Los grupos parlamentarios que conforman la coalición de Gobierno aprobarán una ley de concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica". El compromiso es que la norma esté registrada, no aprobada, "antes del fin de 2026". El acuerdo recoge también que se garantizará que toda la acción del Gobierno de la Junta de Andalucía renunciará "expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos".En vivienda, el pacto recoge que toda la política tiene un "objetivo principal: incrementar la oferta". Esto implica una modificación de la ley de vivienda de Andalucía, aprobada por el PP en diciembre del año pasado, para que incorpore todas las "medidas necesarias". Entre ellas, apunta "la reducción de todas las cargas urbanísticas, regulatorias y fiscales que encarecen el proceso edificatorio". El pacto de Moreno y Vox también hace hincapié en lo que llaman "perspectiva de familia en la acción de Gobierno", lo que esconde medidas como la "puesta en marcha de un plan integral de apoyo a la mujer embarazada", en el que se dé "toda la asistencia y ayuda posible a las mujeres embarazadas que lo necesiten, en particular a las que se encuentren en situación de vulnerabilidad". El acuerdo recoge la "aprobación", antes del final de 2028, de una nueva ley de familia de Andalucía con el "objetivo de fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia, con especial enfoque en familias numerosas y con personas dependientes". Para la secretaria general de CCOO, Nuria López, "el PP se ha entregado sin resistencia a las políticas de la ultraderecha con tal de gobernar. Si alguna vez existió la vía andaluza, este acuerdo la dilapida y pone de manifiesto que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Se recogen políticas que ponen en riesgo los servicios públicos y los derechos. Estaremos muy atentos al desarrollo de este acuerdo".