El acuerdo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) con Vox pone la Consejería andaluza de Justicia en manos de la ultraderecha. El que la dirigirá, con rango de vicepresidente, es Manuel Gavira, portavoz parlamentario de los de Santiago Abascal en Andalucía. En este momento, si el presidente y Vox decidieran mantener el contenido de la Consejería como está, lo cual es previsible, según los operadores jurídicos consultados por Público, las competencias sobre justicia juvenil y los órganos judiciales de violencia sobre la mujer y la atención a las víctimas quedarían en manos de la ultraderecha.PublicidadLa Consejería tiene para este año 2026 un presupuesto de 751 millones de euros para Justicia, de los que 658 son para la administración de justicia —pago de nóminas de funcioanrios e infraestructuras judiciales— y el resto, 93 millones, para justicia juvenil y la asistencia a las víctimas de delitos. Los sindicatos están a la espera de ver por dónde van los tiros con el consejero Gavira. "Me encantaría saber qué va a pasar", expone a Público Inmaculada Molina, coordinadora de Justicia en CCOO de Andalucía. "No hemos negociado nada con Vox. Tendremos que darle tiempo al tiempo", afirma en conversación telefónica Carmen Logroño, de UGT.Sobre lo que pueda hacer Vox en justicia juvenil, con los juzgados especializados y con el Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA), en el que están las de violencia machista, afirma Molina: "Hay un presupuesto que viene del pacto de Estado, que va por definición destinada a coberturas de refuerzo de tribunales con competencias en violencia. [Esto ya] nos costaba muy mucho que se ejecutase con el PP. No es falta de presupuesto, tienen el del pacto de Estado, pero no lo ejecutaban. Veremos a ver qué ejecuta ahora Vox. Es pronto para ver las consecuencias. Pero no estábamos en una una situación privilegiada. Con el equipo de ahora han hecho un mínimo".Para Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de Jueces por la Democracia, la justicia juvenil y los juzgados sobre la mujer son los dos asuntos fundamentales sobre los que "poner atención" ahora. "Ya tenemos la experiencia de València [cuando Vox asumió Justicia en el Gobierno de Carlos Mazón], y lamentablemente sabemos lo que ocurre con la política que lleva Vox en estos temas". "No es lo mismo —añade Rodríguez— que a la hora de establecer prioridades se dé prioridad a los juzgados de lo mercantil o a los de lo penal o a los de violencia de género. Estos, cuando Vox gobierna son maltratados, no se les da medios. Es una competencia que tiene la consejería de turno, [y si hay] necesidades para nuevas plazas no les van a dar prioridad a estas cuestiones. Pensar que los juzgados especializados en violencia contra la mujer son un instrumento innecesario parece alucinante. La violencia sobre la mujer es un delito que Vox niega que exista. Ojalá que no sean apartados y que no haya un planteamiento de desmantelar estos tribunales". El portavoz de Jueces para la Democracia añade: "Justicia juvenil se encarga de gestionar los centros de internamiento de menores, aquellos sitios donde hay un menor de edad para el que se ha establecido una sanción y van a cumplir el tiempo de internamiento. La justicia de menores necesita sensibilidad. Eso no es una cárcel sino un lugar de rehabilitación. Y tenemos la experiencia de que es un lugar donde la sociedad lo hace bien. Hay un índice de rehabilitación altísimo. Es previsible que en este caso se produzca el fenómeno de que no se doten estos centros y de que no se nombren educadores y que haya bajos presupuestos. Si no te crees que son recuperables los menores porque son extranjeros que vienen a quitarnos el pan, pues esto lo más probable que suceda. Ojalá que no". PublicidadEn el epígrafe titulado "inmigración" el acuerdo de PP y Vox recoge en su punto 17 el "endurecimiento del régimen interno de los centros de menores". Luego, añade que esto implica el "refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores de estos centros". El apartado cierra de este modo: "Se trabajará en identificar y evitar ubicaciones donde se generen problemas de convivencia y seguridad". Los límites de las competencias¿Qué otras cosas puede hacer un consejero andaluz de Justicia? ¿Qué poderes tiene? ¿Cuáles son los límites de sus competencias? El Estatuto de Andalucía dedica un título completo, el quinto, al Poder Judicial y recoge que la Comunidad Autónoma tiene "competencias compartidas en materia de administración de justicia, […] que incluyen la gestión de los recursos materiales, la organización de los medios humanos al servicio de la Administración de Justicia, las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales, los concursos y oposiciones de personal no judicial". Esto no implica en ningún caso competencias sobre jueces y tribunales, que están reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que se trata de otro tipo de cuestiones, según dos catedráticos de Derecho Constitucional consultados por este periódico. "Esto quiere decir básicamente que gestionan los edificios, los materiales", afirma Joaquín Urías, de la Universidad de Sevilla. "[La Consejería] es la que tiene que hacer que funcione el servicio público de la administración de Justicia, que haya materiales, sistemas informáticos, fotocopiadoras, pero no influyen sobre el contenido, ni siquiera sobre el número de jueces, es más sobre la organización", agrega Urías.Publicidad"El grueso del presupuesto lo tienen las Comunidades Autónomas en cuanto son las que hacen los edificios, las que compran los ordenadores. El nuevo consejero [tendrá] poder. Puede decidir si se va a hacer una ciudad de la justicia o se va a utilizar un edificio u otro. Todo eso lo gestiona la consejería. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está continuamente reuniéndose con el consejero para decir hagamos esto o lo otro. Si hay un nuevo juzgado, el Estado lo crea, pero a iniciativa de la Comunidad Autónoma. Hay muchas protestas de los funcionarios que dicen que la Comunidad Autónoma no convoca oposiciones. Esa es la competencia en términos autonómicos. Pero [se plantea] en cuestiones muy administrativas"."Una cosa que sí puede hacer es reforzar las plantillas". El profesor Ruiz Robledo pone un ejemplo, al hilo de la querencia por el tema del narcotráfico que tiene Vox: "Hay un problema histórico en Algeciras, que es un sitio que quema mucho a la gente. Es un puesto de paso, la gente no quiere estar, es muy desagradable. A lo mejor puede hacer un plan especial de reforzamiento de los juzgados y se inventa un plus de permanencia. Ahí podría influir. En todo lo que sea la función jurisdiccional no puede entrar, pero puede facilitarla dándole medios. Esto dependerá del dinero que tenga, que es lo que le pasa a cualquier consejería de gasto". Desde CCOO se señala que existe un "temor" a que se profundice en la senda de recortes que "ya estaba ocurriendo", a "nivel de cobertura de plazas en caso de bajas, ausencias y jubilaciones". También están a la espera los sindicatos, afirma Molina, para saber qué sucede con el plan de Igualdad, que se aprobó el año pasado y que "no está implantado al 100%". Molina sí rompe una lanza por los trabajadores y funcionarios de la Junta: "Me encantaría saber qué va a pasar. Hay gente muy preparada en la Consejería para hacer cosas".La sindicalista deja esta reflexión: "La justicia no le interesa a nadie, no trae votos y en muchos casos interesa que vaya lenta. Parece que el Gobierno [andaluz] se quita un marrón y se lo da a estos, que hacen gala de que van a arreglar el país. Somos conejillos de indias en una administración que es esencial y la tenemos relegada a un segundo plano. La justicia se queda siempre a la cola y es moneda de cambio en pactos de Gobierno". El artículo 151 del Estatuto también recoge lo siguiente: "El Gobierno de la Junta de Andalucía, al menos cada cinco años [...] propondrá al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y la planta judiciales en Andalucía. Esta propuesta, que es preceptiva, deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales. ⁠Las modificaciones de la planta judicial que no comporten reforma legislativa podrán corresponder al Gobierno de la Junta de Andalucía. Asimismo la Junta de Andalucía podrá crear secciones y juzgados, por delegación del Gobierno del Estado".Al respecto, Ruiz Robledo argumenta: "El artículo 151 del Estatuto no da a Andalucía el poder de diseñar por sí sola el mapa judicial. La competencia decisiva sigue siendo del Estado [Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta Judicial]. En la práctica, la Junta participa con propuestas e informes sobre la planta judicial, puede gestionar la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados y secciones, y el Parlamento andaluz sí puede fijar por ley la capitalidad de los partidos judiciales. Es decir, más que una competencia plena, se trata de una fórmula de participación autonómica en la organización judicial estatal".El profesor Urías abunda: "Esa competencia es sobre todo territorial. No se refiere, en principio, a los tipos de juzgados sino a su división por el territorio: en qué ciudades y pueblos tiene que haber sedes judiciales, cuáles son las cabezas de partido, etcétera. En principio está pensado más para la demarcación que para la planta judicial. En todo caso, es una competencia de informe, es decir esencialmente dar su opinión pero quién decide es el gobierno de la nación. Al límite el gobierno andaluz. que no la Consejería de Justicia, podría pedir que se crearán determinados juzgados y se cerraran otros, pero poco más".PublicidadLo que dice el pacto PP-Vox sobre JusticiaEl pacto firmado este jueves recoge apenas tres puntos al respecto que poco aclaran por su falta de concreción, más allá de las clásicas proclamas de "reducir los tiempos de espera" y "aliviar la carga de trabajo" de los órganos judiciales, según expertos y funcionarios consultados por Público, sobre lo que pretende Vox con esa consejería.Este es el punto 73. "Refuerzo de la administración de Justicia en Andalucía. En el marco del plan de recursos humanos en materia de justicia, la Junta de Andalucia trabajará con urgencia en reducir los tiempos de espera, aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales, mejorar la atención a los andaluces y garantizar un funcionamiento más ágil y eficaz del servicio público de Justicia".Así dice el 74: "Transparencia y control en la asistencia jurídica gratuita. La Junta de Andalucia, dentro de su ámbito competencial y con pleno respeto al marco legal vigente, garantizará el refuerzo de los controles en las distintas comisiones de asistencia jurídica gratuita para conseguir la máxima diligencia a la hora de corroborar que cualquier ciudadano español que carece de recursos para litigar vea reconocido su derecho en el menor tiempo posible y en cualquier caso, evitar el reconocimiento indiscriminado del beneficio de la justicia gratuita". Y el 75: "Apoyo a las víctimas del terrorismo, desarrollaremos […] medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objetivo de consolidar un marco normativo estable y eficaz que garantice su plena aplicación en todos los ámbuiotos institiucionales".