CCOO y UGT avisan al Gobierno de que rechazaran futuros acuerdos si no se aprueba el endurecimiento del control de la jornada laboral antes del par�n estival. 31 de julio de 2026. Es la fecha l�mite que los sindicatos dan al Gobierno para cumplir con los compromisos adoptados en los �ltimos acuerdos de di�logo social, esencialmente en el marco de las negociaciones con patronal y Ministerio de Trabajo. El ultim�tum se dirige de forma especial al departamento de la vicepresidenta segunda, Yolanda D�az, y al Ejecutivo en su conjunto, que mantienen retenidas una serie de normas que hab�an sido pactadas con UGT y CCOO. Entre ellas, el endurecimiento del registro horario, la prohibici�n de la compensaci�n y absorci�n de las subidas del salario m�nimo interprofesional (SMI) y la agilizaci�n del proyecto de ley de riesgos laborales. "El Gobierno es uno, y cuando llega a un compromiso con los sindicatos es el Gobierno. No es un ultim�tum a Carlos Cuerpo ni a Yolanda D�az, es al Gobierno", asever� el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una rueda de prensa celebrada este martes con motivo de la presentaci�n de un fondo econ�mico de resistencia para sostener a los trabajadores en los procesos de protestas ante la renovaci�n de convenios colectivos. "Ya vale de estar mareando la pelotita, ya vale de juego de trileros", critic� el dirigente sindical asegurando que si el registro horario no est� aprobado antes del 31 de julio no se volver�n a firmar acuerdos con el Ejecutivo. "El Gobierno tiene un problema: tiene que cumplir lo que firma. No hay ninguna raz�n objetiva para que a d�a de hoy estemos pendientes del registro horario", se�ala el secretario general de UGT, Pepe �lvarez, se�alando, no en vano, que se tendr�n que realizar matizaciones sobre el texto inicial para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Estado. Registro horarioEl principal motivo de la demora en la aprobaci�n del nuevo registro horario digital radica en las discrepancias entre el Ministerio de Econom�a, liderado por Carlos Cuerpo, y el de Trabajo, encabezado por Yolanda D�az, respecto a los plazos de implantaci�n para las peque�as y medianas empresas (pymes). Mientras que Econom�a propone otorgar un per�odo de transici�n de hasta un a�o para facilitar la adaptaci�n de estos negocios, habiendo emitido ya dos informes desfavorables al borrador actual, Trabajo considera que el l�mite de transici�n debe ser de seis meses, argumentando que el control de la jornada ya es obligatorio desde 2019 y que los sistemas digitales actuales son accesibles y econ�micos.El desacuerdo tambi�n se centra en la interpretaci�n de los plazos de aplicaci�n de la norma. Econom�a aboga por un acompa�amiento m�s flexible y equilibrado para evitar un impacto negativo en las pymes. Adem�s tras la demora est� la necesidad de realizar ajustes t�cnicos en el texto para asegurar su viabilidad pol�tica y legal antes de su presentaci�n en el Consejo de Ministros, que ya fue cuiestionada en el dictamen del Consejo de Estado. Trabajo prev� introducir modificaciones menores en las pr�ximas semanas, centradas en el respeto a la protecci�n de datos y el espacio otorgado a la negociaci�n colectiva. El objetivo de estos cambios es facilitar el consenso interno en el Gobierno y preparar la norma ante las previsibles impugnaciones judiciales de la patronal CEOE, sin alterar los elementos esenciales del proyecto: la obligatoriedad del formato digital y su interoperabilidad con la Inspecci�n de Trabajo.