Los líderes de los sindicatos dicen “basta” ante la tardanza del Gobierno para aprobar el refuerzo del registro horario. Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CC OO, Unai Sordo, han lanzado un ultimátum al Ejecutivo. “Planteamos un ultimátum al Gobierno de España: o para el 31 de julio está resuelto todo lo que tiene que ver con el registro horario o que no cuenten con los sindicatos para acuerdos que luego no se ven reflejados en la legislación”, ha dicho Sordo. “La paciencia de los sindicatos está más que superada”, ha agregado Álvarez, en una rueda de prensa en la que los sindicatos han presentado un fondo dotado con ocho millones de euros para cubrir el salario de sus afiliados que vayan a la huelga durante el próximo año y medio.Sordo ha recordado que la reducción de jornada, también acordada con CC OO y UGT, cayó porque “no había mayoría parlamentaria”, pero que el control horario se puede reformar por decreto, sin aval del Legislativo, idea en en la que ha abundado Álvarez. “Es absolutamente imprescindible que el control horario se ponga en marcha antes de que acabe julio porque en los servicios hay muchos abusos de jornada”. El jefe sindical también ha reclamado otro decreto comprometido por el Gobierno con las centrales, el diseñado para evitar que las empresas compensen la subida del salario mínimo absorbiendo pluses como la antigüedad o la peligrosidad.El Ministerio de Trabajo acordó con los sindicatos el refuerzo del registro en el marco de la reducción de jornada. Una vez descarrilado el proyecto de ley por el rechazo de PP, Vox y Junts, Yolanda Díaz prometió aprobar la parte de la reforma sin rango de ley, el control horario. Sin embargo, aún no ha pasado por el Consejo de Ministros, dadas las fricciones al respecto en el seno del Gobierno: Díaz acusa a Economía de proporcionar la base argumental al Consejo de Estado para el dictamen crítico con este cambio. También difieren sobre el periodo de adaptación que concederá la norma, con Díaz a favor de seis meses y Carlos Cuerpo de un año. El Ejecutivo ha aclarado que introducirá cambios técnicos en el texto, pero no sí la norma volverá a pasar por el órgano consultivo tras las modificaciones. “Ni sé ni me importa dónde está enganchado el registro, pero que lo aprueben ya”, ha insistido el líder de UGT.Asimismo, los sindicatos han detallado este martes el fondo de resistencia con el que apoyarán a trabajadores en huelga durante el próximo año y medio, hasta la conclusión de 2027. Consiste en una partida de cuatro millones de euros por sindicato (dos para lo que queda de 2026 y otros dos para 2027) que cada central empleará para apoyar a los afiliados que vayan a la huelga en conflictos críticos. Como esas cantidades están lejos de cubrir todas las huelgas, Álvarez y Sordo han subrayado que cada sindicato elegirá en qué conflictos intervenir. “Queremos fortalecer la capacidad de intimidación de la población trabajadora antes los empresarios que no quieren compartir sus márgenes. Ponemos las herramientas para que la gente se pueda movilizar”, ha dicho Sordo. A diferencia de una caja de resistencia al uso en un sector o una empresa, la distribución de este fondo se decide desde la dirección confederal de los sindicatos, con especial atención justo a los que más tienen que perder, donde las retribuciones son menores y el músculo sindical es menor.Este fondo es planteado por los sindicatos tras seis meses sin Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) vigente, y sin visos de que haya un nuevo pacto salarial global con las patronales a la vuelta de la esquina. Álvarez ha criticado a CEOE y Cepyme por “no sentarse a negociar” un nuevo acuerdo y ha pedido al Gobierno que apruebe los decretos comprometidos (el de absorción de pluses y el registro horario) “para quitarle argumentos a las patronales”, dado que señalan a la incertidumbre regulatoria como una razón para no pactar.