"Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer". Tres meses han pasado desde que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pronunciara estas palabras en el Pleno del Congreso. Unas declaraciones que se producían apenas 24 horas después de que el Consejo de Estado, el principal órgano consultivo del Gobierno, hiciera público un informe demoledor contra la norma, que volvía a situarla, de facto, en la casilla de salida. El órgano que dirige la exministra Carmen Calvo criticó con dureza el proyecto, entre otras cosas, por su inadecuación por sectores, por la carga extra que depositaba sobre las pymes o, incluso, por adoptar la forma de un Real Decreto para evitar el examen del Congreso.PublicidadReparos, todos ellos, a los que Trabajo respondió —y responde todavía— desplegando su propio argumentario y desenmascarando, ya de paso, al verdadero escollo para sacar adelante la medida: el "liberalismo" del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Todo ello mientras los sindicatos elevan el tono frente al "juego de trileros" del Gobierno. Este martes, echando mano de un ultimátum: o la norma se aprueba antes del parón veraniego —en el ocaso de julio— o dejarán de sentarse a negociar con el Gobierno, al que achacan "falta de voluntad" para plasmar en el BOE los compromisos del diálogo social.Y es que, insisten, casi 100 días después de que Trabajo se comprometiera a corregir "algunos aspectos técnicos" de la norma para llevarla, "antes de verano", al Consejo de Ministros, no hay más novedades. El registro horario sigue encallado entre el pulso de Díaz y Cuerpo, sin un texto definitivo sobre la mesa de negociación. Voces del equipo de la vicepresidenta explican a Público que todavía están trabajando en la redacción de la norma. Por un lado, para sortear las pegas del ala socialista del Ejecutivo (y el "partidismo" del Consejo de Estado). Por otro lado, para blindar el texto frente a una futurible batalla en los tribunales. Aquí es donde entraría en juego la tercera pata del diálogo social, la patronal, opuesta a una norma que su voz fundamental, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lapidado por "exceso reglamentario" e "invasión a la intimidad", criticando que el ministerio trabaje de manera "unilateral": sin acuerdo parlamentario y de espaldas al diálogo social.Un sistema desfasado y fácilmente manipulableSon muchos frentes abiertos, a los que el departamento de Díaz responde uno a uno. El endurecimiento del control horario, insisten a Público voces del equipo de la vicepresidenta es, primero de todo, un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. "Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas", reza el documento que firmaron allá por octubre de 2023 las dos almas del Ejecutivo. Hay, además, una directiva europea —una sentencia que emitió en 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)— que insta a España a regular de manera "objetiva, accesible y fiable" la jornada laboral. Características, valoran desde Trabajo, que vulnera el sistema actual: desfasado, en papel y fácilmente manipulable.Los puntos clave del nuevo registro —que sea digital, interoperable para la Inspección de Trabajo y los representantes sindicales y obligatorio para todas las empresas (de todos los sectores y tamaños)— ya se discutieron y aprobaron en el seno del Gobierno (y de la mesa de diálogo social), siguen enumerando fuentes de Trabajo. Y es que, recuerdan, el registro horario formaba parte de la ley sobre la reducción de la jornada laboral. Una iniciativa que chocó, en septiembre, contra el muro de las derechas parlamentarias —PP, Vox, Junts y UPN— y de la que el ministerio decidió desgajar motu propio el control horario. Pero si hay un argumento definitivo, remarcan los de Díaz, es el número de horas extra que se hacen en España a la semana sin retribuir ni cotizar: dos millones y medio. Una cifra que, reivindican voces del ministerio, no es más alta por la acción reguladora de la Inspección.PublicidadDesde Economía, critican voces del equipo de Díaz, se muestran, de cara a la galería, favorables a la norma. Pero la torpedean por la puerta de atrás. "Lo hemos dicho muchas veces, igual que con la reducción de la jornada: compartimos el objetivo que persigue esta medida", trasladaba, también a finales de marzo, el ministro Carlos Cuerpo. Aprovechando, eso sí, para pedir una "implementación equilibrada", que respete los tiempos de todas las empresas para aplicar "esta importante conquista para los trabajadores". Ese es, enfocan desde Trabajo, el principal tira y afloja que tienen con Economía: el plazo de aplicación de la norma. En la redacción original del decreto (la postura de Trabajo), se reconocía un margen de seis meses para que las empresas pudieran actualizar su sistema de fichajes. Un paréntesis que Economía —que ha evitado contestar a las preguntas de Público— quiere estirar hasta el año. Los de Yolanda Díaz lo consideran una forma de aplazar sine die una medida "barata y accesible", que el propio decreto acompañará, previsiblemente, de "mecanismos de asesoramiento": información, apoyo técnico e, incluso, ayudas económicas.Los pluses salariales o la prevención de riesgos laboralesEn medio de este cruce de reproches, los sindicatos han dicho "basta". "Nuestra paciencia con el tema del control horario ha desbordado el vaso, el cubilete y el cubo", verbalizaba este martes, en rueda de prensa, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, recordando que la medida depende, directa y exclusivamente, del Gobierno —y no, como la reducción de jornada, de los números en el Congreso— y reiterando que, si el Consejo de Ministros se toma vacaciones antes de que el registro se apruebe, no signarán nuevos acuerdos en el futuro: "O está esto encima de la mesa a finales de mes o que se olviden de nosotros".No es, recuerdan, la única cuenta pendiente del Gobierno con los agentes sindicales. "También la llamada compensación y absorción", ha recuperado, en la misma rueda, el secretario de UGT, Pepe Álvarez, el compromiso alcanzado durante la firma del SMI, allá por febrero, para regular los famosos pluses salariales. Cuatro meses después, critican los sindicatos, tampoco hay noticias sobre la "trampa" con la que las empresas lastran el crecimiento del salario mínimo. Una trinchera pendiente más: la tramitación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para la que exigen que los plazos "se aceleren". Los acuerdos, han concluido con un aviso para navegantes, conllevan una corresponsabilidad: "Si el Gobierno no cumple, nosotros nos levantamos".