“O para el 31 de julio está resuelto todo lo que tiene que ver con el registro horario o que no cuenten con los sindicatos para acuerdos que luego no se ven reflejados en la legislación”, dijo el 30 de junio el líder de CC OO, Unai Sordo. “La paciencia de los sindicatos está más que superada”, comentó a su lado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El ultimátum que los sindicatos lanzaron al Gobierno era muy claro, pero el Ejecutivo no lo va a satisfacer de manera inmediata. Fuentes gubernamentales confirman que el refuerzo del registro horario no será aprobado en el único Consejo de Ministros que resta antes del verano, el del próximo martes, en el que PSOE y Sumar sí tienen previsto tramitar medidas sobre vivienda. A la vez, fuentes tanto de Economía como de Trabajo sostienen que han acordado tramitar el registro horario justo a la vuelta del verano, en septiembre. Ambas partes manifiestan que hay voluntad de llegar a un entendimiento, pero sin especificar aún con qué cambios respecto al texto actual. “Estamos trabajando en el seno del Gobierno para que esta norma vea la luz lo antes posible”, dijo Díaz este martes, tras el Consejo de Ministros. Estas palabras generaron expectativa de que esta política sí se podría aprobar la próxima semana, pero el Ejecutivo lo descarta. La mejora del control horario es la parte del proyecto para reducir la jornada que se puede aprobar sin respaldo parlamentario (tras el rechazo de PP, Vox y Junts en el Parlamento a la contracción de jornada en septiembre). Los sindicatos, que acordaron el refuerzo del control horario con Díaz, son muy críticos con el hecho de que no se haya aprobado ya, tardanza que conecta con las diferencias dentro del Gobierno.El disenso se visibilizó con toda su crudeza hace cuatro meses, durante la polémica por el dictamen desfavorable del Consejo de Estado. El órgano consultivo emitió una valoración muy crítica con la falta de adecuación por sectores, la carga extra para pymes y que el proyecto invada terreno legislativo, pese a tratarse de un reglamento. En opinión de Trabajo, esos argumentos se sustentaban, principalmente, en las valoraciones del proyecto que emitió Economía, circunstancia que criticó Díaz sin paños calientes: “A pesar de los intentos del Ministerio de Economía vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario”, dijo la vicepresidenta segunda. Esos días también afirmó: “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”.Desde entonces ha cambiado el tono, en busca de una solución. Según viene especificando Trabajo, el ministerio introducirá algunos cambios técnicos en el texto para atender a las críticas del Consejo de Estado, pero que no modifican el espíritu de la norma. Entre otros aspectos, Economía y Trabajo diferían sobre el periodo de adaptación que concederá la norma, con Díaz a favor de seis meses y Carlos Cuerpo de un año.Pacto para tramitarloAhora, ni Trabajo ni Economía desvelan qué cambios experimentará el texto, pero sí manifiestan que hay un acuerdo entre los departamentos para tramitar esta política en septiembre. Así, las posturas están más cerca que hace meses.Al lanzar el ultimátum, Sordo recordó que la reducción de jornada, también pactada con CC OO y UGT, cayó porque “no había mayoría parlamentaria”, pero que el control horario se puede reformar por decreto, sin aval del Legislativo, idea en en la que abundó Álvarez. “Es absolutamente imprescindible que el control horario se ponga en marcha antes de que acabe julio porque en los servicios hay muchos abusos de jornada”, dijo el ugetista, que también reclamó otro decreto comprometido por el Gobierno con las centrales y que tampoco necesita respaldo del Legislativo. Es el diseñado para evitar que las empresas compensen la subida del salario mínimo absorbiendo pluses como la antigüedad o la peligrosidad. Las centrales pusieron como condición este precepto para pactar la última subida del salario mínimo, pero aún no ha sido satisfecho.El registro horario es exigible a las empresas desde 2019, introducido por el entonces gobierno en solitario del PSOE. Trabajo plantea que sea obligatoriamente digital (ahora se puede realizar en papel) y accesible de forma directa por Inspección, de manera que los inspectores puedan vigilar en tiempo real el cumplimiento de esta materia.El rechazo de los sindicatos a adoptar nuevos acuerdos tiene especial trascendencia política para Yolanda Díaz, dado que son la parte del diálogo social con la que consigue pactar sus proyectos legislativos (hace más de dos años que no logran pactar con CEOE y Cepyme). Ahora hay tres mesas abiertas: la de la trasposición de la directiva de transparencia salarial, la del proyecto para dar entrada a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas y la que busca reforma la indemnización por despido. Los sindicatos se muestran más comprensivos con el fracaso de los pactos en el Congreso, dada la mayoría de derechas, pero están muy enfadados por la falta de ritmo en la aprobación de los decretos comprometidos. “Ni sé ni me importa dónde está enganchado el registro, pero que lo aprueben ya”, añadió el líder de UGT.