A las 24.00 horas de la pasada noche terminaba el plazo dado por la Comisión Europea a España, dentro de un procedimiento de infracción, para alegar los motivos por los cuales aún no ha cumplido con el mandato comunitario de adoptar medidas contra el abuso de la temporalidad en el sector público en un futuro, así como establecer fórmulas para compensar a los trabajadores que ya han sufrido el encadenamiento abusivo de contratos temporales. El Gobierno español ha respondido a Bruselas la semana pasada, antes de que venciera este plazo, reclamando más tiempo, hasta marzo de 2027, para empezar a adoptar estas medidas, según han informado fuentes del Ministerio de Función Pública.De esta forma, el Ejecutivo gana tiempo y sigue en conversaciones con la Comisión para evitar que Bruselas presente una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determina si el Estado en cuestión incumple o no la normativa comunitaria. Esta primera sentencia normalmente no impone multas. Pero si el país, España en este caso, siguiera sin acatar la sentencia, la Comisión abriría un nuevo procedimiento, llevando el asunto nuevamente ante el TJUE y proponiendo una cuantía para la multa. Sería finalmente este tribunal el que determinaría si impone al Estado una suma a tanto alzado o una multa coercitiva (o ambas) y cuál será su importe. Según esto, el procedimiento, que podría durar aún varios años, podría terminar en una sanción que conlleve cuantiosas multas para el Gobierno español. En este escenario, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha emplazado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander con el objetivo de debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público, han añadido fuentes ministeriales.Este nuevo encuentro supondrá el arranque del grupo de trabajo creado en un encuentro previo con las comunidades, celebrado el pasado 7 de mayo. En este grupo, el Gobierno solicitará a sus integrantes aportaciones normativas para reducir la temporalidad. El ministerio precisa que dichos cambios normativos “tendrán que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo pasado, que ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales, al tiempo que abría posibles nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad". Precisamente, en su argumentación ante Bruselas para reclamar más tiempo, España ha justificado que “sentencias como la del 11 de mayo del Supremo han introducido elementos nuevos sobre el enfoque de la indemnización que hay que analizar, además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas”.En cualquier caso, además de dicho pronunciamiento judicial, el Ejecutivo quiere analizar la situación y diseñar las medidas en colaboración con las comunidades porque estas son las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado. En concreto, la temporalidad en los sectores de educación y sanidad, competencia ambas de las comunidades autónomas, asciende al 40% y 43%, respectivamente.Sin embargo, el abogado Javier Araúz, del despacho Arazúz Abogados, que representa a miles de empleados públicos temporales afectados e impulsó el procedimiento de infracción abierto por Bruselas a España, asegura que una reciente reforma en el ámbito europeo impide a la Comisión conceder a España una nueva prórroga “y tendrá que actuar ya”, apuntando hacia la sanción. Por el contrario, fuentes gubernamentales aseguran que dicha reforma, que impediría conceder una nueva prórroga a España, aún está siendo negociada con todos los Estados miembros y, por tanto, no se está aplicando. Esto dejaría vía libre a que la Administración pública tenga más tiempo para tomar medidas. AntecedentesBruselas envió a España dos dictámenes motivados el pasado 29 de abril, en los que le dio dos meses para corregir la situación de abuso de la temporalidad en el sector público, que es el plazo que venció la pasada medianoche. Estos dictámenes forman parte de un procedimiento de infracción que la Comisión abrió contra España hace ya 12 años, en 2014, por los encadenamientos abusivos de contratos temporales en las plantillas públicas. Fue ya entonces cuando se abrieron dos expedientes al Estado español por mala aplicación de las normas comunitarias, pero estos procesos se suspendieron ante la reforma por la que el Gobierno aprobó procesos masivos de estabilización de plazas en las administraciones. Dicha reforma, además, formó parte del plan de recuperación español para percibir los fondos europeos derivados de la pandemia. La Comisión dio por buenos los cambios, que, sin embargo, no lograron revertir el abuso. No obstante, aquella reforma no fue suficiente tampoco para el Tribunal de Justicia de la UE, según una sentencia de febrero de 2024. Y, ante esto, meses después el Ejecutivo de la UE tuvo que desdecirse para acatar la sentencia y retomar los expedientes en 2024.En concreto, en los dictámenes motivados enviados a España por la Comisión se insta al Gobierno a que “elimine las condiciones laborales discriminatorias en el sector público”, en el caso del primer procedimiento sancionador abierto en 2014; e, igualmente, a que ”impida el uso abusivo de las relaciones laborales de duración determinada“, en respuesta al segundo expediente abierto ese mismo año.En definitiva, este es el último capítulo de una batalla emprendida desde hace años en la que están inmersos centenares de miles de empleados interinos de todas las administraciones de toda España que padecen esta situación; el Estado español; diversos tribunales (nacionales y europeos) y el propio Ejecutivo de la UE.