Finalizado el plazo de dos meses que la Comisión Europea le dio a España para responder sobre cómo está atajando el actual abuso del empleo temporal en el sector público, este 29 de junio, el Gobierno no ha llegado a responder con las medidas a Bruselas y le ha pedido más tiempo para ello. En concreto, hasta el 27 de marzo de 2027. La Comisión dio este margen a España dentro de los expedientes de infracción iniciados hace años contra España y previo paso a una demanda contra el país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
El Ministerio de Función Pública confirma que ha pedido nueve meses más de plazo a la Comisión Europea, como ha adelantado El País, para poder impulsar “las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales”.
La Comisión lleva años urgiendo a España a que solucione este problema laboral, que ha derivado en una gran cantidad de demandas de interinos en los tribunales, tanto en España como en Europa. Además, Bruselas retiene el desembolso de 626 millones de euros de los Fondos de Recuperación por incumplir con una correcta sanción del abuso de la temporalidad.
Reunión con las CCAA para debatir una nueva reforma
El departamento de Óscar López citará a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo 8 de julio a una reunión en Santander con el objetivo de “debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público”. El Gobierno de coalición ya aprobó una reforma para reducir la temporalidad en el empleo público, gracias a masivos procesos de estabilización, pero se han considerado insuficiente por parte de la justicia europea.
