La Comisión Europea envía al Gobierno español dos dictámenes motivados y le da dos meses para argumentar o corregir la situación antes de recurrir a la justicia europea
La Comisión Europea ha advertido este miércoles de que llevará a España ante la justicia europea si no aprueba una reforma legal que compense adecuadamente a los trabajadores del sector público por el abuso de los contratos temporales. Este es el último capítulo de una batalla emprendida desde hace años en la que se enredan los centenares de miles de empleados interinos que padecen esta situación, el Estado español, diversos tribunales (nacionales y europeos) y el propio Ejecutivo de la UE.
Ese paso se ha producido al enviar la Comisión Europea al Gobierno español dos dictámenes motivados exigiendo que corrija la situación. España tiene ahora dos meses para responder o aprobar la correspondiente reforma. Si no lo hace, el Ejecutivo de la UE denunciará a España ante los tribunales y su sentencia puede acabar incluso con una multa.
La historia de estos procedimientos de infracción, como oficialmente se llama al expediente por el que Bruselas insta a un Estado miembro a corregir una mala aplicación de las normas comunitarias, arranca hace 12 años. En 2014, la Comisión abrió dos expedientes contra el Estado español tanto por la indemnización insuficiente a los empleados públicos temporales como por la discriminación que eso supone frente a los trabajadores del sector privado.
