La justicia comunitaria exige a España elevar las compensaciones a los interinos que encadenan abusivamente contratos y Bruselas amenaza con ir a los tribunales si la situación no se corrige
Nieves Lao Giménez tiene 42 años y empezó hace 18 a trabajar para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En todo este tiempo, ha acumulado una vida laboral de 17 páginas. Este documento oficial que facilita la Seguridad Social recoge todas las altas y bajas de empleos que un trabajador registra en el sistema, y para alguien con una vida laboral de unos 20 años, lo habitual es que ocupe dos o tres páginas. Esta enfermera que ahora trabaja en el área de salud mental del hospital Torrecárdenas de Almería ha desarrollado casi toda su experiencia laboral enlazando sustituciones de pocos días, semanas o meses en el mejor de los casos. “Y sin generar ni siquiera derecho a vacaciones”, se queja. Su cas...
o es uno de los cientos de miles de ejemplos que inundan las plantillas de las Administraciones publicas españolas. Estas emplean a más de tres millones de trabajadores. Actualmente, uno de cada tres son temporales.
Lejos de tener un empleo para toda la vida —como se concebía hasta hace unos años el trabajo para el sector público— estos asalariados encadenan contratos, incluso durante décadas. En la mayoría de las ocasiones se incurre en fraude de ley. La norma y la jurisprudencia limitan a tres años de duración los puestos para interinos que cubren una vacante, el caso más común. Y establecen otros límites, en algunos casos incluso más cortos, para otro tipo de empleos públicos temporales. Es un asunto que ha motivado varios tirones de orejas por parte de la justicia y las autoridades europeas. El último, esta misma semana, cuando la Comisión Europea ha enviado dos dictámenes motivados al Gobierno. Si España no responde o presenta una reforma en dos meses, el Ejecutivo comunitario la llevará ante los tribunales.
