España tiene un problema de abuso de temporalidad en el empleo público: supera el 30%, cuando el compromiso con Bruselas es que no sobrepase el 8%. Para atajar la precariedad laboral en las Administraciones, lo que puede acarrear sanciones europeas, el Gobierno estudia con las comunidades autónomas y los ayuntamientos una batería de cambios basados en la elaboración de planes estratégicos de personal que pedirán a los departamentos de recursos humanos de los organismos públicos. Estos pretenden incluir una evaluación y programación de las necesidades de personal a varios años vista, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de las medidas que se están estudiando.
Los trabajos —que coordina la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transición Digital, y se están desarrollando a través de la Comisión de Coordinación del Empleo Público— incluyen otras medidas para desincentivar la temporalidad en el sector. Fuentes de Función Pública, por ejemplo, barajan que “se reduzca el atractivo de hacer contratos eventuales” para ocupar plazas públicas, para lo que estudian una definición legal más estricta de la causalidad de este tipo de contrataciones.
