Editorial ExpansiónActualizado 13
MAY.
2026 - 11:28El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.Mateo LanzuelaEuropa PressLa resolución del Tribunal Supremo que fija el criterio para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre los interinos en las Administraciones echa por tierra las pretensiones de este colectivo para conseguir plaza fija en el sector público tras haber encadenado varios contratos temporales. Aunque los magistrados europeos reconocieron a estos trabajadores el derecho a mayores compensaciones por los dilatados periodos de interinidad en que les han mantenido los organismos para los que trabajaban incumpliendo la regulación laboral, el Alto Tribunal español dictamina que tal abuso en ningún caso puede dar origen a que se les asignen plazas fijas como funcionarios. En primer lugar, porque eso supondría contravenir la Constitución y el Estatuto del Empleado Público, que establecen los procedimientos reglados para conseguir un puesto de estas características en justa competencia con otros interesados. Segundo, hacer lo contrario supondría lesionar los derechos de quienes han debido superar una oposición, concurso o prueba selectiva para pasar a formar parte de las plantillas públicas, con los privilegios que ello conlleva respecto al sector privado. Sobre todo en una época en la que el Gobierno se ha comprometido con los representantes de los funcionarios a seguir mejorando sus remuneraciones y condiciones laborales. Sin embargo, el Supremo sí avala que los afectados cuyos contratos se resuelvan reciban indemnizaciones mayores a las establecidas por ley, tal como dictaminó la Justicia europea. Las malas prácticas de la Administración acabarán saliendo caras a todos los españoles.OpiniónEditorialTribunal SupremoFuncionarioseconomía
