El Ministerio de Función Pública ha pedido a la Comisión Europea nueve meses más, hasta marzo de 2027, para hacer reformas que acaben con el abuso de la temporalidad en el sector público. Esta solicitud se enmarca en el procedimiento de infracción abierto contra España por incumplir la directiva 1999/70, relativa al trabajo temporal y discriminación por contratos de duración determinada. Bruselas envió el pasado mes de abril un dictamen motivado a España porque considera que las reformas de 2021 (consistentes en una ley y en un real decreto-ley adicional) no son suficientes para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público, en línea con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en reiteradas sentencias y con el fallo del Tribunal Supremo (TS) de mayo de 2026 en el caso conocido como Obadal. España tenía hasta el 29 de junio para enviar sus alegaciones con las reformas adoptadas para cumplir la directiva, según guían ya los distintos tribunales, pero la respuesta ha consistido en pedir más tiempo, en lugar de presentar algún proyecto legislativo. En un comunicado, el Ministerio de Función Pública señala que el objetivo es que, "entre todas las administraciones", se impulsen en ese tiempo solicitado "las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales". El Gobierno reconoce que sentencias como la del 11 de mayo del TS "han introducido elementos nuevos sobre el enfoque de la indemnización que hay que analizar, además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas". En concreto, la referida sentencia de mayo abría la puerta a una indemnización adicional reparadora para aquellos trabajadores públicos que hayan encadenado contratos temporales de manera que se pueda considerar abusiva. Esto se traduce, según la sentencia, en indemnizaciones adicionales de hasta 10.000 euros, aunque los parámetros exactos deberán definirse en próximas sentencias. Aunque el Ejecutivo ha rogado la ampliación del tiempo para hacer las reformas, la Comisión Europea puede no aceptar la petición y continuar con el proceso sancionador, llevando el caso al TJUE. Cabe destacar que el expediente de infracción se inició en 2014 y que se encuentra en un estadio avanzado tras aprobarse varias reformas que pretenderían solucionar el problema antes de llegar a la fase final, aunque por el momento no han tenido éxito. El caso podría derivar en una sanción millonaria, probablemente ya con otro ejecutivo. De la misma manera, el aplazamiento hasta marzo de 2027 da margen a ello, ya que en esa fecha podría haber un gobierno interino por convocatoria electoral. Además del aplazamiento, el Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas y a las entidades locales a una reunión para abordar medidas que reduzcan la temporalidad en el sector público. El encuentro será el próximo 8 de julio en Santander y se debatirán posibles medidas y propuestas. En la última reunión, del 7 de mayo, se creó un nuevo grupo de trabajo que estudie posibles cambios de normativa para reducir la temporalidad y que tenga en cuenta la sentencia del TS del 11 de mayo sobre las nuevas vías abiertas en materia sancionadora e indemnizadora. "El encuentro de Santander aspira a avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las CCAA para frenar la temporalidad", afirma el Ejecutivo, que señala a estas administraciones como las responsables de concentrar la alta temporalidad "con una tasa del 40% frente al 4,8% en la Administración General del Estado". En concreto, la temporalidad en los sectores de Educación y Sanidad, competencia de las CCAA, asciende al 40% y 43%, respectivamente, según Función Pública. Próxima ampliación El Ministerio de Función Pública ha pedido a la Comisión Europea nueve meses más, hasta marzo de 2027, para hacer reformas que acaben con el abuso de la temporalidad en el sector público. Esta solicitud se enmarca en el procedimiento de infracción abierto contra España por incumplir la directiva 1999/70, relativa al trabajo temporal y discriminación por contratos de duración determinada.