Un conjunto de más de 50 organizaciones de trabajadores temporales de las administraciones públicas ha enviado una carta formal a la Comisión Europea pidiendo que traslade ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el procedimiento de infracción abierto contra España por el abuso de temporalidad contractual en el sector público. Se trata del expediente INFR(2014)4334, para el cual el Gobierno ha pedido un aplazamiento hasta marzo de 2027 antes de que el caso pase a la vía judicial. Bruselas inició la investigación contra España en 2014 por incumplir la directiva 1999/70 debido a que el ordenamiento jurídico nacional no cuenta con mecanismos que eviten el encadenamiento de contratos temporales en las distintas administraciones públicas. En consecuencia, según el Ministerio de Función Pública, las tasas de temporalidad en educación y sanidad, competencia de las CCAA, ascenderían actualmente al 40% y al 43%, respectivamente. Porcentajes muy elevados en comparación con el sector privado, donde se sitúa en el entorno del 12%. En concreto, la plataforma que agrupa a diversas organizaciones, sindicatos y colectivos de interinos pide la denegación de la prórroga solicitada por el Ejecutivo a la Comisión Europea el pasado 29 de junio, día en el que terminaba el plazo de dos meses para que España informara de las medidas adoptadas para frenar el abuso de temporalidad respondiendo al dictamen motivado emitido en abril. La Comisión considera, después de varias sentencias del TJUE, que las medidas adoptadas hace tan solo cinco años por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 14/2021 y de la Ley 20/2021 no son suficientes. La principal medida fue la estabilización extraordinaria de unos 440.000 interinos, pero el TJUE ha considerado que no es una vía lo suficientemente reparadora para todos los que fueron o son temporales de larga duración y que todavía no existen suficientes desincentivos para evitar los abusos en la contratación de las administraciones. De esta manera, el procedimiento de infracción de la Comisión Europea se encuentra en el último paso antes de pasar a la vía judicial del TJUE y de dar lugar a una posible sanción millonaria, pero la incertidumbre al respecto es máxima. TE PUEDE INTERESAR Según fuentes conocedoras del procedimiento, el ejecutivo comunitario todavía no ha decidido si conceder el aplazamiento a España y en este impás se encuadra la carta de los interinos dirigida a Eduardo Gómez Casado, Consejero Económico, con la intención de influir en la decisión. El documento alega que la duración del procedimiento de infracción y la constatación de que las medidas de 2021 han sido insuficientes "demuestran que la gravedad de la situación era sobradamente conocida y estaba suficientemente documentada". Consideran que el momento actual "exige una decisión definitiva y no una nueva prolongación temporal de un problema cuya existencia ha quedado plenamente acreditada". En opinión de las organizaciones denunciantes, España ha dispuesto del tiempo suficiente para adoptar las reformas necesarias y conceder ahora un nuevo plazo "no constituye un mero trámite administrativo, sino que supone seguir añadiendo tiempo" a miles de personas afectadas por la incertidumbre contractual y los ceses por fin de contrato sin indemnización. "Si concede a España una nueva ampliación de plazo en estas circunstancias, contribuirá objetivamente a la prolongación de una situación que el propio TJUE ha declarado contraria al Derecho de la Unión", advierten. No obstante, la carta es solo una vía de presión política, no una palanca judicial, por lo que la decisión depende exclusivamente de Bruselas, que puede no tener en cuenta las opiniones de los afectados. TE PUEDE INTERESAR Aunque los interinos solicitan a Bruselas que rechace la prórroga, piden que, en caso de concederse finalmente, sea para exigir una reforma legislativa. Esta debería incluir, en su opinión, una solución tanto para los trabajadores temporales que continúan prestando servicios como para quienes ya han sido cesados. Así como responsabilidades concretas frente a las administraciones infractoras y una aplicación efectiva, automática e idéntica en sanidad, educación, justicia y administración general. Javier Araúz, abogado especializado en la defensa de los empleados públicos temporales y autor de varias cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE por este motivo y de denuncias ante la Comisión, considera, por conversaciones con la representación en España que Bruselas "está harta de las excusas que ha dado el Gobierno de España para no aplicar la directiva en el sector público". Araúz resalta que los interinos tienen "una línea constante de diálogo con la Comisión" y señala que, aunque esta tiene libertad para decidir qué hacer ante esta solicitud de prórroga, todavía están pendientes de sentenciar cuestiones prejudiciales ante el TJUE. "La Comisión no puede aceptar que un Estado miembro incumpla su normativa porque, entre otros motivos, se limita la libertad de circulación si los trabajadores europeos no tienen los mismos derechos en todos los Estados". El letrado señala que en otros países se accede a la fijeza tras dos años de temporalidad, mientras que en España no existe una perspectiva clara. El Gobierno busca soluciones con CCAA y ayuntamientos Los autores de la misiva son las mismas organizaciones que hace unas semanas entregaron en el Congreso un documento a varios grupos parlamentarios con las "Líneas Rojas Innegociables" para una futura reforma en el ámbito de la contratación pública. Ahora piden también a la Comisión la celebración de una reunión para conocer su posición "ante las actuaciones recientemente anunciadas por el Gobierno español". Estas consisten en la formación de un grupo de trabajo que se reunirá este miércoles 8 de julio con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para diseñar "entre todas" las administraciones medidas que reduzcan la temporalidad en el sector público y aborden posibles medidas disuasorias para las administraciones e indemnizatorias para los interinos, teniendo en cuenta la última jurisprudencia. La última sentencia del Supremo reconoció que la fijeza automática es contraria a la ley por vulnerar los principios constitucionales de acceso al empleo público en igualdad, pero sí reconoció la posibilidad de una indemnización adicional reparadora de hasta 10.000 euros para trabajadores en situación de temporalidad que se pueda considerar abusiva. Esto abre una vía a posibles reparaciones adicionales sin que haya un cambio legal, aunque es una opción lenta que requiere de judicialización, años de espera y costes asociados al proceso sin que esté asegurada una resolución favorable para quienes denuncien. Un conjunto de más de 50 organizaciones de trabajadores temporales de las administraciones públicas ha enviado una carta formal a la Comisión Europea pidiendo que traslade ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el procedimiento de infracción abierto contra España por el abuso de temporalidad contractual en el sector público. Se trata del expediente INFR(2014)4334, para el cual el Gobierno ha pedido un aplazamiento hasta marzo de 2027 antes de que el caso pase a la vía judicial.