Cuando, el 21 de noviembre de 2023, el juez José Antonio Cruz de Pablo confirmó el archivo de la primera denuncia de dos diputados independentistas espiados con el programa Pegasus, Ernest Maragall todavía no se había dado de baja de ERC y Roger Torrent era conseller de la Generalitat.
El recurso contra esa decisión ha tardado en resolverse casi dos años y medio por la inacción del juzgado a la hora de elevarlo a la Audiencia de Barcelona. Así se desprende del auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, que ordena la reapertura del caso.
En la única frase en negrita de la resolución, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona resalta que las actuaciones llegaron a su mesa el 6 de marzo de 2026.
En apenas dos meses, y tras celebrar una vista, los magistrados han dado la razón, en parte, al Parlament de Catalunya, y han ordenado al juez que reclame información sobre el espionaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a una matriz en Luxemburgo de la empresa israelí que comercializa el software espía.
La rapidez de la segunda instancia contrasta con los dos años y tres meses que ha durado la tramitación del recurso de apelación desde que el juez instructor rechazó el primer recurso de Torrent y Maragall contra el archivo de la causa.
