Actualizado Lunes,
junio
18:57Dos ex consejeros de la Generalitat de ERC y Junts, Alba Verg�s y Josep Maria Argimon, se sentar�n desde este martes en el banquillo de los acusados por el retraso de las vacunas a los agentes de la Guardia Civil y la Polic�a Nacional desplegados en Catalu�a durante la etapa m�s dura de la pandemia. El juicio se alargar� hasta el 15 de julio con varias jornadas alternas y pasar�n por la Audiencia de Barcelona funcionarios y representantes de ambos cuerpos. "La consejera me pide parar Guardia Civil y Polic�a Nacional, no podemos argumentarlo, lo tendr�amos que parar". Este fue uno de los mensajes internos de Whatsapp de un cargo del gabinete de Salud en poder del juez instructor que motiv� la imputaci�n de Verg�s despu�s de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu�a archivara la causa y la Fiscal�a pidiera reabrirla tras examinar los mensajes y correos aportados por Argimon. Ahora, la Fiscal�a pide 12 a�os de inhabilitaci�n especial para empleo o cargo p�blico para los dos ex responsables de Salud (Verg�s y Argimon, aunque este �ltimo ocupaba entonces el cargo de director general del Instituto Catal�n de la Salud), a los que acusa de prevaricaci�n por haber "discriminado" al personal de ambos cuerpos de seguridad destinados en la comunidad. El Ministerio P�blico sostiene que los acusados eran "plenamente conscientes" de que al posponer la inmunizaci�n de los polic�as nacionales y guardias civiles "estaban, de hecho, discriminando" a los agentes de esos cuerpos, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayor�a del resto de cuerpos policiales, locales y auton�micos, ya estaban protegidos".La Fiscal�a pide la misma pena para el ex secretario general de Salud, Marc Ramentol, y para el ex director del Servicio Catal�n de Salud, Adri� Comella. Por contra, reclama el sobreseimiento para el responsable de servicios del departamento, Francesc Xavier Rodr�guez.Seg�n el Ministerio P�blico, el 24 de marzo de 2021 los investigados decidieron, "de forma conjunta, paralizar el programa de vacunaci�n" que se hab�a acordado con los delegados de la Guardia Civil y la Polic�a Nacional, unas inmunizaciones que estaban programadas a partir del 15 de marzo.A su juicio, el Departamento de Salud de la Generalitat acord� "priorizar" la vacunaci�n de las personas de entre 60 y 65 a�os, "en detrimento de dichos funcionarios, salvo si ten�an edades comprendidas en ese margen". Y lo hizo, a�ade el Ministerio P�blico, "a pesar de ser conocedores" de que en esa fecha solo estaban vacunados un 2,8 % de los guardias civiles y un 3,6 % de los polic�as nacionales, frente al 77 % de mossos y guardias urbanos, el 77,9 % de polic�as locales y el 68,9 % de bomberos.Ante esta situaci�n, los sindicatos Jucil y Jupol (los denunciantes) recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Catalu�a (TSJC), que orden� como medida cautelar vacunar de inmediato a los agentes estatales, estableciendo que en un plazo m�ximo de 10 d�as deb�an alcanzar un porcentaje de vacunaci�n equiparable al de los Mossos d'Esquadra.La Asociaci�n de la Guardia Civil, Jucil, y el sindicato de Polic�a Nacional Jupol ejercen de acusaci�n particular y reclaman para los dos ex consejeros y los tres ex cargos tres a�os de prisi�n, 15 de inhabilitaci�n y una multa de 72.000 euros por los delitos contra los trabajadores y de prevaricaci�n. Les defensas de la que fue c�pula de Salud en la Generalitat niegan ninguna decisi�n prevaricadora y aseguran que fue una actuaci�n colegiada y con criterios sanitarios."No se trataba de un problema organizativo, sino de una decisi�n pol�tica que provoc� un trato desigual e injustificado hacia cientos de agentes que desempe�aban funciones esenciales durante la pandemia", critican por su parte desde Jupol, una de las dos asociaciones personadas. Desde Jucil, en la misma l�nea, reclaman "justicia de manera firme al Gobierno catal�n y a su Servicio de Salud" por el trato "discriminatorio que recibi� la Guardia Civil" en plena campa�a de vacunaci�n durante la pandemia. "Lo sentimos como un ataque directo hacia lo que estos cuerpos representan, hacia su funci�n y hacia lo que somos, amparado en una decisi�n pol�tica arbitraria de los altos cargos de la Consejer�a de Salud que ahora se sientan en el banquillo", abundan en declaraciones a este peri�dico. Tras un largo proceso, el juez instructor cerr� la investigaci�n a principios del a�o pasado: "Se evidencia que concurren los presupuestos del delito de prevaricaci�n administrativa ya que nos encontramos ante una decisi�n arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del Departament de Salut contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polic�a y Guardia Civil destinados em Catalu�a, y as� ha sido declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu�a", se�al� en su auto. Se refer�a el magistrado al posicionamiento del TSJC, que dio la raz�n al sindicado Jupol y a la organizaci�n Jucil en el recurso contencioso administrativo contra el Departament de Salut de la Generalitat por su estrategia de vacunaci�n, ya que consideraban que se antepon�a a los agentes de los cuerpos auton�mico y municipales antes que al resto de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado destinadas en Catalu�a. Ahora, el caso llega a juicio por la v�a penal y ambos ex consejeros de un delito est�n acusados de "prevaricaci�n administrativa", junto al resto de dirigentes de la c�pula del departamento en 2021. Se da la circunstancia, sin embargo, de que Verg�s se ha apartado de la pol�tica activa en los �ltimos a�os. Tras su paso por la Generalitat -fue consejera entre 2018 y 2021, con Quim Torra y Pere Aragon�s- y el Parlament -lleg� a ser presidenta en funciones en sustituci�n de Laura Borr�s (Junts), condenada por corrupci�n-, renunci� a su acta en el Ayuntamiento de Igualada por los malos resultados obtenidos en 2023 y se centr� en el �mbito privado. Argimon, por su parte, fue su sucesor en la cartera de Salud (2021-2022) bajo el mando de ERC y tras haber pasado por el ICS, la principal empresa p�blica dependiente de la Generalitat en materia sanitaria. Actualmente tambi�n se ha retirado de la pol�tica y ejerce de investigador.
