La Audiencia de Barcelona ha retirado el delito contra el derecho de los trabajadores que pesaba sobre la exconsellera de Salud Alba Vergés y la cúpula de su departamento durante la pandemia, el único que podía comportar penas de prisión, en el juicio contra ellos por retrasar presuntamente la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil.
Vergés (ERC) y su equipo, entre ellos su sucesor Josep Maria Argimon (Junts), solo afrontarán de ahora en adelante las penas de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa, del que les acusa la Fiscalía, que pide inhabilitarlos durante doce años, y los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya petición de inhabilitación asciende a quince años.
Los magistrados de la sección sexta de la Audiencia han estimado así la petición de las defensas, quienes han argumentado la ilegitimidad de un delito incluido en la causa solo por la acusación popular de los sindicatos policiales y no por la Fiscalía, en un juicio que ha empezado este martes y que está previsto que finalice el próximo 15 de julio.
Los abogados de los exintegrantes de la cúpula de Salud han recordado que, según la doctrina Botín, no se puede continuar un procedimiento penal cuando quien sostiene la acusación es exclusivamente la acusación popular, a la vez que han detallado que, si bien la doctrina Atutxa permite hacerlo en caso de que el delito afecte a una mayoría, en este pleito no se da esta circunstancia.
