Se intuyó el viernes y se ha confirmado este lunes. La Fiscalía ha retirado la acusación contra la exconsellera catalana de Salud Alba Vergés y a la cúpula de su departamento, para quienes inicialmente pedía hasta 12 años de inhabilitación, por el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en la pandemia del coronavirus.
Ante la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona finaliza esta semana el juicio a los responsables de Salud durante la pandemia. La vista oral ha desinflado las tesis acusatorias y ha confirmado que el retraso en la vacunación de policías se debió a razones técnicas como el parón en la inmunización con AstraZeneca debido al peligro de trombos y no a que se quisiera discriminar a los agentes de los cuerpos estatales.
Cuando el tribunal ha pedido a las partes que elevaran sus conclusiones a definitivas, la fiscal del caso ha retirado la acusación a todos los acusados (además de Vergès, el entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon; el exnúmero dos del departamento Marc Ramentol, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, y el exresponsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez).
Solo las acusaciones populares que ejercen sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil han pedido mantener hasta15 años de inhabilitación para los acusados, mientras que las defensas se han reafirmado en su petición de absolución y han solicitado la condena en costas de las centrales.
