Este martes ha comenzado el juicio contra los exconsellers de Salut Alba Vergés y Josep Maria Argimon por la presunta "discriminación" en la vacunación contra la covid-19 de los agentes del Cos Nacional de Policia y la Guàrdia Civil destinados en Catalunya. La causa, que se alargará hasta el 15 de julio, también sienta en el banquillo al exsecretario general del Departament de Salut, Marc Ramentol; al exdirector del Servicio Catalán de Salud, Adrià Comella y al entonces director de servicios del Departament de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.PublicidadLa primera jornada del juicio ha acabado con un movimiento muy relevante por parte del tribunal, ya que la Audiencia de Barcelona ha retirado el delito contra los derechos de los trabajadores que se imputaba a los acusados. La decisión, adoptada al aplicar la doctrina Botín, evita que la antigua cúpula de Salut se enfrente a penas de cárcel y deja la causa limitada al delito de prevaricación administrativa por la que la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen la Asociación de la Guardia Civil Jucil y el sindicato de Policía Nacional Jupol, piden 12 y 15 años de inhabilitación.El origen del conflictoSegún el escrito de la Fiscalía, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut decidió el 9 de febrero de 2021 priorizar la vacunación con AstraZeneca de colectivos especiales como policías y bomberos. El 12 de febrero el Departament de Salut inició la vacunación del colectivo, aunque limitada a las personas entre 18 y 55 años de edad por posible riesgo de trombosis. Las policías locales y los Mossos empezaron a vacunarse por el procedimiento normal.Por otro lado, se iniciaron contactos entre el Departament de Salut, con Rodríguez a la cabeza, y dos delegados de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para iniciar la vacunación separada de estos dos colectivos. Se acordó que el 4 de marzo se coordinaría la vacunación. Se partió de un listado de los dos cuerpos policiales con los agentes entre 18 y 55 años que querían vacunarse. Y las inyecciones se pondrían en algunos centros de trabajo de los dos cuerpos policiales. Estaba previsto empezar del 15 al 17 de marzo con 180 agentes del aeropuerto de El Prat.Pero el 15 de marzo el Consell Interterritorial de Salut decidió detener las vacunaciones con AstraZeneca a cualquier edad por el riesgo de trombosis e incluso de muerte. El día 22 se levantó la prohibición, también para las personas entre 60 y 65 años, y se permitió vacunar a todos los policías.PublicidadEl 24 de marzo los responsables de Salut decidieron priorizar a las personas de 60 a 65 años, incluidos policías de estas edades, por delante del resto de agentes. El fiscal sostiene que los investigados "eran plenamente conscientes de que con su decisión discriminaban" a los agentes españoles, ya que, en aquellas fechas sólo el 2,8% de agentes de la Guardia Civil y el 3,6% de agentes de la Policía Nacional destinados en Catalunya habían sido vacunados, mientras ya la tenían el 77% de los Mossos d'Esquadra, y con porcentajes superiores al 66% en la Guardia Urbana de Barcelona, policías locales y bomberos.Los sindicatos policiales lo denuncianLos sindicatos policiales denunciaron esta situación al TSJC, que ordenó la medida cautelar de vacunar de forma inmediata a los policías españoles. Así, el 10 de mayo de 2021 ya se habían vacunado unos 4.806 agentes de los dos cuerpos policiales, y se finalizó pocos días después. Finalmente, la sentencia del TSJC resolvió que la dirección de Salut no había actuado correctamente, y la Fiscalía los denunció por prevaricación.La investigación del caso se inició en el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, cuyo magistrado elevó el caso al TSJC porque Vergés seguía siendo aforada en el alto tribunal catalán, al ocupar el cargo de vicepresidenta primera del Parlament y diputada por ERC, hasta junio de 2024. El TSJC resolvió en 2022 que no había indicios contra Vergés, y el caso volvió al juzgado. No obstante, Vergés volvió a ser investigada cuando Argimon -que durante la pandemia era el secretario de Salut Pública y después sucedió a Vergés como conseller de Salut- aportó al juzgado unos mensajes de WhatsApp que confirmaban que se le informaba de todo.PublicidadPor ello, a pesar de ser aforada, en enero de 2024, Vergés declaró voluntariamente como investigada en el juzgado y aseguró que además de los problemas de suministro de vacunas contra el coronavirus, que se empezaron a inyectar a finales de 2020, se decidió proteger primero a la población de más riesgo, y que al final "fue un éxito colectivo".