Giro de guion en el juicio contra la excúpula del departamento de Salud de la Generalitat, liderada por la republicana Alba Vergés, por su decisión de retrasar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la pandemia de covid en 2020. La Fiscalía ha retirado en el último momento su acusación de prevaricación ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona mientras que los sindicatos y asociaciones han solicitado entre 12 y 15 años de inhabilitación. El caso ha quedado visto para sentencia. El Ministerio Público pedía inicialmente para Vergés y otros tres altos cargos de Salud 12 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Además de la consejera, se han tenido que sentar en el banquillo el entonces secretario general Marc Ramentol; el exsecretario de Salud Pública Josep Maria Argimon y el exdirector del Servei Català de la Salut Adrià Comella.Los sindicatos y asociaciones de la acusación se han dividido en sus peticiones. Mientras que el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil han mantenido los 15 años de inhabilitación, el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) y la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP) la han rebajado a los 12 años, los mismos que pedía la Fiscalía. Otra diferencia es que los primeros también acusan al entonces responsable de Servicios del departamento Francesc Xavier Rodríguez mientras que los segundos le desvinculan.Mientras que la Fiscalía se ha limitado a comunicar que retiraba la acusación contra los acusados, los sindicatos y asociaciones policiales han intentado justificar su petición de penas ante la “desigualdad injustificada, conocida y mantenida” que sufrieron policías y guardias civiles destinados en Cataluña durante la pandemia debido al retraso en su vacunación, que insisten que fue “arbitrario”.La excúpula de Salud ha defendido en su último turno de palabra su actuación durante la pandemia. “A nosotros solo nos inspira la clínica y la ética, nada más”, ha asegurado Comella. Vergés, por su parte ha asegurado que su único objetivo era “la salud de la gente”. La Audiencia de Barcelona había descartado en la primera fase del juicio de juzgarles por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores que si que podía conllevar penas de cárcel y entonces mantuvo hacerlo por prevaricación.