La instrucción de una decena de causas prosigue sin que la imputación de una exjefa del CNI sirva para aclarar dudas sobre el uso del programa espía
Una decena de instrucciones judiciales investigan el espionaje al independentismo catalán con el programa Pegasus. Llevan más de tres años, pero las pesquisas apenas han avanzado. Chocan con una ley de 1968, la de Secretos Oficiales, que protege la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su directora, Esperanza Casteleiro, ha testificado en dos ocasiones y su aportació...
n al caso ha sido casi nula. Y su antecesora, Paz Esteban, que consta como imputada en cinco causas y fue cesada cuando trascendió que uno de los espiados había sido el expresident Pere Aragonès, ha comparecido en cuatro ocasiones también por videoconferencia con contribuciones similares. Ambas se han amparado en que se trata de información reservada.
El Gobierno se comprometió con ERC a desclasificar esa información para facilitar las investigaciones, pero tal y como reconocen fuentes judiciales, la desclasificación aprobada por el Consejo de Ministros fue más bien formal: apenas la admisión del espionaje a Aragonès, argumentando que estaría asumiendo conductas “ajenas a sus competencias oficiales y contrarias a la seguridad nacional”. La institución canadiense Citizen Lab, la que sacó a la luz el masivo caso de espionaje a integrantes del independentismo catalán, acreditó que fueron al menos 65 las víctimas de ese proceso, mientras que el Gobierno apenas ha reconocido 18. ¿Esos 47 que están en el limbo fueron espiados sin la pertinente autorización judicial? Para que el CNI pueda intervenir una comunicación ha de contar con el beneplácito de un juez del Tribunal Supremo. La existencia de ese permiso es justo uno de los interrogantes básicos de la investigación y el motivo por el que ERC pidió la desclasificación.
