José Manuel de Riva, exvicepresidente de Cepyme que ha denunciado supuestos delitos realizados por CEOE ante la AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Informante), ha presentado un escrito al organismo pidiendo la aceleración del proceso, iniciado en el otoño de 2025. En concreto, De Riva ha solicitado a la AIPI la notificación a la cúpula de CEOE de los hechos de los que se acusa a varios de sus principales dirigentes y la citación a declarar para esclarecerlos. El escrito, presentado el jueves, está ya en manos del instructor del caso, el director del Departamento de Protección del Informante, Manuel García Prieto. Este movimiento coincide con el inicio del proceso electoral para celebrar elecciones anticipadas en la patronal, una decisión que tomó CEOE tras publicar este periódico que la AIPI está investigando los indicios apuntados por De Riva y que el empresario ha obtenido la condición de denunciante protegido. En la documentación presentada, De Riva enumera hechos referidos a varios tipos de presuntos delitos: fraude de subvenciones; corrupción entre particulares; administración desleal; acoso a trabajadores y falta de investigación por parte de CEOE de los indicios comunicados internamente, seguidos de represalias contra el denunciante. La función principal de la AIPI es proteger a las personas que denuncian irregularidades, fraudes, delitos o prácticas presuntamente corruptas dentro de empresas privadas o administraciones públicas con el fin de garantizar que no sufran represalias (despidos, sanciones, acoso, etc.) por el hecho de informar. Entre sus competencias está la de investigar las actuaciones denunciadas, pudiendo abrir expedientes sancionadores e imponer sanciones cuando aprecie infracciones de la Ley 2/2023, y dar traslado a la vía judicial o fiscal de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. La existencia de este proceso complica la posición de Garamendi, para el que hasta hace unos días se esperaba una reelección tranquila en el que sería su tercer mandato. En cambio, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva se han adelantado al próximo uno de julio con la vista puesta en fijar la fecha de las elecciones para principios de octubre o finales de septiembre, en lugar de a finales de noviembre. De esta manera, el periodo para fraguar candidaturas alternativas queda acotado al mes de julio y precipita los posicionamientos tanto de los afines a Garamendi como de los detractores. TE PUEDE INTERESAR En este contexto, los contactos se han intensificado en los últimos días para explorar posibles candidaturas alternativas, mientras el actual presidente cuenta ya con respaldos. Un día después de la confirmación de su presentación a la reelección, Confebask avaló públicamente y por unanimidad a Garamendi, un apoyo que no sorprende dados los orígenes del empresario vasco y su trayectoria en la región antes de presidir Cepyme, Confemetal y, desde 2018, CEOE. Aunque este es el apoyo más explícito por el momento, no es el único. A diferencia de lo sucedido en 2022, Foment del Treball, la rama catalana de la CEOE, apoya ahora a Garamendi y no se plantea un cambio de postura. Fuentes de la organización destacan su ganancia de protagonismo interno y en Madrid en este segundo mandato, por lo que no tienen incentivos al cambio. Desde 2024, Foment tiene presencia estable en la capital a través de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES), que elabora informes económicos y organiza debates con empresarios, académicos y responsables públicos con la finalidad de ganar influencia en los debates nacionales. TE PUEDE INTERESAR Garamendi afirmó el miércoles que cuenta con el "apoyo expreso de las organizaciones y de las empresas que tengo que tener" y defendió su presentación a la reelección por los ánimos recibidos para continuar con su gestión. Descartó además que el caso de la denuncia haya influido en el adelanto electoral y lo justificó por la celebración de la cumbre iberoamericana durante los primeros días de noviembre. La fuerza interna de Garamendi dibuja un panorama complicado a los críticos con su gestión, que existen, y están barajando rivalizar directamente con el actual aparato. Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme y actual líder de los empresarios de Granada (CGE), continúa con sus contactos, pero fuentes empresariales dudan de que termine dando el paso por el desgaste ya sufrido en el proceso de 2025, en el que perdió ante Ángela de Miguel por la mínima tras reunir el 47% de los votos. Aquella campaña abrió un cisma en la patronal, con acusaciones cruzadas y amenazas. Fuentes empresariales inciden en que la rivalidad se tomó demasiado personal y que algunas decisiones, como el intento de eliminar el voto delegado en el último momento, fueron un error. Además, en CEOE se juegan casi 800 votos frente a los 500 de Cepyme, y las organizaciones con mayor afiliación tienen un peso superior en las votaciones, lo que complica la formación de mayorías alternativas si no se cuenta con al menos algunas de las principales delegaciones territoriales o sectoriales. Esto lleva el foco a Madrid y al presidente de CEIM, Miguel Garrido. Las dudas en la Confederación Empresarial de Madrid ya existieron el año pasado, cuando la organización decidió finalmente apoyar la candidatura de Ángela de Miguel, pero permitir libertad de voto a las personas en disposición de las vocalías. TE PUEDE INTERESAR Según señalan fuentes empresariales, la decisión de la patronal madrileña se hará esperar, ya que prevén debatir y posicionarse al respecto de las elecciones en CEOE después del comité y de la junta del próximo miércoles, en los que los empresarios tomarán el pulso de los ánimos tras conocerse la denuncia de De Riva. CEIM cuenta con entre el 5% y el 6% de las vocalías, por lo que, para presentar una candidatura alternativa, necesitaría otro 5% adicional y contar con el respaldo de cinco organizaciones adicionales. La presentación es aritméticamente factible, dado que muchas pequeñas patronales ya apoyaron una alternativa a Garamendi en 2025, pero las dudas sobre si realmente la de Madrid puede ser una alternativa con opciones de ganar podrían decantar la balanza hacia un perfil discreto que dé apoyo a la dirección actual. José Manuel de Riva, exvicepresidente de Cepyme que ha denunciado supuestos delitos realizados por CEOE ante la AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Informante), ha presentado un escrito al organismo pidiendo la aceleración del proceso, iniciado en el otoño de 2025. En concreto, De Riva ha solicitado a la AIPI la notificación a la cúpula de CEOE de los hechos de los que se acusa a varios de sus principales dirigentes y la citación a declarar para esclarecerlos. El escrito, presentado el jueves, está ya en manos del instructor del caso, el director del Departamento de Protección del Informante, Manuel García Prieto.