La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha otorgado la categoría de “informante protegido” al vicepresidente de la CEOE, José Manuel de Riva Zorrilla, que presentó un escrito contra el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, por el desarrollo de las elecciones en Cepyme, celebradas el 20 de mayo de 2025 y en las que finalmente se impuso Ángela de Miguel. Según ha podido saber El Confidencial, la AIPI ha estudiado la documentación entregada por De la Riva el 28 de septiembre de 2025 y ha concluido que los hechos pueden referirse a eventuales delitos contemplados en el Código Penal de corrupción en los negocios (286.bis), contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (308), de la apropiación indebida (253) y de la administración desleal (252). Este organismo fue fundado por el Gobierno en abril de 2025 en el marco del llamado Plan de Acción por la Democracia con el objetivo de velar por la protección de los denunciantes ante la justicia de presuntos casos de corrupción, así como las personas que colaboren esclareciendo estos delitos o la lucha contra el fraude. Su presidente, el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, fue propuesto por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y ratificado por el Congreso. En sus trece meses de funcionamiento, la Autoridad ha recibido más de 200 denuncias y ha otorgado esta categoría a una veintena de personas. De la Riva es el número 7. En su resolución, el director del Departamento de Protección del Informante, Manuel García Prieto, argumenta que en el presente caso “nos encontramos ante un eventual delito o infracción grave o muy grave”, relativa a los citados delitos del Código Penal. Fuentes próximas a la patronal interpretan el movimiento en clave política. En los últimos tiempos, los desencuentros entre el Gobierno y Garamendi han ido a más y el de CEOE ha endurecido su discurso. TE PUEDE INTERESAR Del análisis de la información aportada, la AIPI explica pormenorizadamente que la denuncia de De la Riva se enmarca correctamente en los asuntos de los que este organismo es competente y da por acreditado que los hechos denunciados se comunicaron a través de canales internos de la CEOE y en su Junta Directiva, así como a través de la publicación de los hechos en la prensa. En el presente caso, a la luz de las circunstancias y de la información de que disponía el solicitante de protección en su condición de informante cualificado en el momento de la comunicación o revelación pública, dada su condición de miembro del Comité Directivo de la CEOE y Cepyme, es plausible considerar que tenía motivos razonables para creer en la certeza de los hechos comunicados. Lo anterior debe considerarse, en todo caso, con independencia de cuál pueda ser el resultado final de las eventuales investigaciones futuras”, asegura AIPI. La AIPI certifica la condición de informante protegido para De la Riva porque “reúne las condiciones requeridas” Por todo ello, la AIPI certifica la condición de informante protegido para De la Riva porque “reúne las condiciones requeridas” desde el día 19 de febrero, fecha en la que informó de las posibles irregularidades en el seno de la Junta Directiva de la CEOE. “El presente certificado tiene naturaleza declarativa y permite acreditar ante otras autoridades u órganos jurisdiccionales que la persona que lo ha solicitado ha comunicado una infracción en los términos previstos en la ley. Estas personas tienen derecho a la protección y a solicitar las medidas de apoyo”, subraya. En todo caso, el presente certificado “no prejuzga la veracidad de los hechos comunicados ni el resultado de las investigaciones futuras”. TE PUEDE INTERESAR Manuel Villoria, catedrático en Ciencia Política y experto en integridad, inició su actividad al frente de la AIPI el 1 de septiembre de 2025. Las competencias de este organismo son asegurar que la persona que informa no sufra represalias, adoptar medidas de protección (cautelares o de apoyo) y coordinarse con otras instituciones en caso necesario. La AIPI es un organismo público creado en España en 2023 a raíz de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Su función principal es proteger a las personas que denuncian irregularidades, fraudes, delitos o prácticas corruptas dentro de empresas privadas o administraciones públicas, garantizando que no sufran represalias (despidos, sanciones, acoso, etc.) por el hecho de informar. La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha otorgado la categoría de “informante protegido” al vicepresidente de la CEOE, José Manuel de Riva Zorrilla, que presentó un escrito contra el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, por el desarrollo de las elecciones en Cepyme, celebradas el 20 de mayo de 2025 y en las que finalmente se impuso Ángela de Miguel.