De un proceso judicial por la presunta adjudicación irregular de un contrato público a otro. Según ha podido saber Público, el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid ha citado como investigados a varios directivos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, entre los que se encuentra su gerente, Alfonso Sánchez Vicente. PublicidadLa causa que se sigue por posible prevaricación administrativa, iniciada a raíz de la denuncia de Podemos, aborda la presunta contratación irregular de un despacho privado para defender a la EMT en el caso del contrato a dedo con la editora de Okdiario. Cabe destacar que esta causa fue finalmente archivada por un presunto error del juez Juan Carlos Peinado, que instruía la denuncia de Podemos y Más Madrid.Además del gerente, la jueza Belén Sánchez ha citado en calidad de investigados al jefe de la división de asesoría jurídica y seguros, José Gabriel Cabanas; a la secretaria general, María Eugenia Carbajal, y a la jefa de División de Contratación, Rosario Ubero Cabral. La cita será el 20 de julio a las 11 horas.Según la providencia a la que ha tenido acceso Público, fechada el pasado 3 de junio, la magistrada también requirió a la EMT el expediente completo del contrato adjudicado al despacho Ecija Legal por un importe de 60.000 euros más IVA, incluyendo la relación detallada de las actuaciones realizadas por el despacho en cuestión, así como los informes emitidos, la asistencia de las actuaciones procesales y la facturación desglosada de los trabajos realizados.El origen de la causa: una denuncia archivada por PeinadoTal como consta en la denuncia, a la que también ha tenido acceso este medio, la causa tiene su origen en la contratación pública de este despacho privado para un procedimiento penal relacionado con la empresa de transportes madrileña. Se trataba del proceso judicial contra Alfonso Sánchez Vicente por supuesta malversación en la adjudicación de un contrato a la empresa Dos Mil Palabras SL, editora del digital de Eduardo Inda, para que organizara por 72.600 euros unas charlas sobre movilidad sostenible.PublicidadEl contrato en cuestión fue denunciado por un presunto sobreprecio al ser cuatro veces superior a otro contrato similar con otra mercantil adjudicado un mes antes. Como consecuencia de la denuncia presentada por Podemos y Más Madrid, el juez Peinado abrió diligencias, pero pasados los doce meses iniciales, se vio abocado a archivarlas después de que concediera una prórroga de las actuaciones fuera del plazo legal para hacerlo.A pesar de que las acusaciones populares solicitaron de manera diligente la prórroga de la instrucción, así como la práctica de diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y de que la propia la Fiscalía se mostrara conforme con esta petición, Peinado dictó la resolución para alargar las pesquisas fuera del plazo legal. En este sentido, la resolución fue recurrida por las defensas de los investigados y la Audiencia Provincial de Madrid estimó sus recursos, dejando sin efecto la prórroga por estar fuera de plazo. No obstante, en el auto en el que decretó el sobreseimiento y archivo de la denuncia de ambas formaciones, el juez Peinado reconoció: "Es cierto, y este aspecto es irrebatible, que, en fechas próximas anteriores a la celebración del contrato enjuiciado, se realizó otro evento de similares características, organizado por la entidad Madrid Open City, por un precio de 15.000 euros más IVA, y el que ahora se analiza por la denuncia, lo fue por un importe de 60.000 más IVA" (72.600 euros en total).PublicidadContratación de un despacho privado por 60.000 eurosAhora, lo que está en cuestión es la contratación externa de los servicios de asesoramiento jurídico y defensa legal para dicho proceso. Según la denuncia admitida a trámite y que ha derivado en la imputación de los cargos directivos de la EMT, la empresa pública ya contaba con un departamento jurídico propio que venía asumiendo su defensa, por lo que la externalización del servicio "carecería" de justificación legal y de necesidad objetiva.En dicha denuncia, Podemos destacó la "desproporción" económica del contrato, ya que la EMT compromete un gasto mínimo de 60.000 euros para una defensa limitada únicamente a la fase de instrucción del procedimiento penal. "A pesar de que en la justificación del precio del contrato se hace referencia a los Criterios del ICAM, puede observarse en los mismos que el precio que se ha hecho constar está completamente inflado, posiblemente en más de un 1.000% respecto de los que prevé dicha Corporación". "Máxime si se limita la actuación a la fase de instrucción y no se incluye ni la fase intermedia, ni la de plenario, que en su caso serían presupuestadas y licitadas aparte, incrementando el coste real de la externalización acordada, sin posibilidad de verse resarcida en una eventual condena en costas de dichos importes". Y es que, en el mejor de los escenarios, el eventual "resarcimiento" económico que podría obtener la EMT no superaría esa misma cantidad. "Esto es, que la contratación efectuada, lejos de pretender la indemnidad económica de la EMT, garantiza el quebranto de sus arcas, sea cual sea el resultado del procedimiento, para el que se contrata, pues en ningún caso se verá reembolsada de la cantidad abonada para la defensa de sus intereses, más que –si finalmente hubiera condena en costas– en una mínima parte que tendría que ser calculada con arreglo a los Criterios del ICAM", ahonda la denuncia.Para la formación morada, no hay dudas: la contratación de este despacho "escondía un movimiento de defensa de los directivos investigados incompatible con la posición de perjudicada de la entidad pública".Asimismo, está siendo objeto de investigación la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, al considerar que no concurren presuntamente razones técnicas ni jurídicas que justifiquen la adjudicación directa a un único despacho, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia que rigen la contratación pública. En este sentido, a juicio de los morados, esta contratación podría constituir una "resolución arbitraria" en materia administrativa y un uso indebido de fondos públicos.