Actualizado S�bado,

julio

00:06La CEOE celebrar� elecciones el 1 de octubre. Su actual presidente, Antonio Garamendi, ha confirmado su candidatura para un tercer mandato. Y por delante le esperan tres intensos meses de campa�a en los que -todo apunta- volver�n a resonar los tambores de guerra sucia que ya marcaron otro proceso electoral hace poco m�s de un a�o. Fue en las elecciones de Cepyme cuando la patronal espa�ola se parti� en dos. Y de aquellos barros estos lodos, porque algunas de las acusaciones que entonces se lanzaron contra Garamendi y su equipo directivo han vuelto a salir a la palestra estos d�as tras conocerse el caso del testigo protegido que ha denunciado a la c�pula de la CEOE ante la Autoridad Independiente de Protecci�n del Informante (AIPI).�Qui�n denuncia?, �a qui�nes acusa y de qu�?, �c�mo se est�n investigando los hechos? y, sobre todo, �c�mo va a afectar todo esto a las elecciones de la CEOE? Son algunas de las preguntas a las que EL MUNDO da respuesta tras haber consultado con las partes implicadas, a excepci�n de la direcci�n de la patronal, que ha optado por no hacer comentarios sobre este asunto, m�s all� de las declaraciones del propio Garamendi, que ha denunciado p�blicamente "campa�as sucias" en su contra.El denunciante es Jos� Manuel de Riva Zorrilla, empresario y exvicepresidente de Cepyme. Durante las elecciones que enfrentaron a la vallisoletana �ngela de Miguel, impulsada por Garamendi, y al empresario granadino Gerardo Cuerva, hasta entonces presidente de Cepyme, De Riva lanz� una serie de denuncias tanto p�blicamente como en el seno de la organizaci�n sobre supuestas irregularidades en la c�pula de la CEOE. Al sentirse desamparado por la Comisi�n de R�gimen Interno de la patronal, acudi� pa la AIPI, donde present� sus acusaciones el pasado mes de septiembre, justo cuando se cre� este organismo.�Qu� denuncia De Riva? En su momento, acus� a varios miembros del equipo directivo de CEOE de diversas irregularidades; entre ellos, el presidente de la asociaci�n de aut�nomos ATA, Lorenzo Amor, a quien pidi� que se investigara por conflicto de intereses; �ngela de Miguel, actual presidenta de Cepyme, a quien se�al� por presunto trato de favor hacia su bufete de abogados... y hasta el propio Garamendi, por abuso de poder y una eventual desviaci�n de fondos. Tambi�n denunci� casos de supuesto acoso laboral en el seno de la patronal.Todas estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la AIPI, que el pasado mes de octubre concedi� a De Riva el estatus de "informante protegido". Ante esta Autoridad de reciente creaci�n ampli� sus denuncias al secretario general de la patronal, Jos� Alberto Gonz�lez-Ruiz; y a la presidenta de la Comisi�n de R�gimen Interno, Mar�a Ar�nzazu del Valle. Para ambos y para Garamendi pide multas de 300.000 euros e inhabilitaciones de dos a�os por presuntas infracciones muy graves de la Ley 2/2023 que regula la protecci�n al informante. Para Amor, De Miguel y otros miembros de la direcci�n reclama 100.000 euros y medidas cautelares.�C�mo se est�n investigando los hechos? La AIPI tramita las denuncias de trabajadores que hayan conocido presuntas irregularidades en el �mbito laboral. Su funci�n no es determinar la culpabilidad de los denunciados, sino comprobar si los hechos presentan indicios suficientes de verosimilitud para remitir el caso al �rgano competente. El procedimiento comienza con un an�lisis preliminar de la denuncia y, si cumple los requisitos que fija la Ley 2/2023, se abre una investigaci�n. Durante esta fase, la Autoridad puede solicitar documentaci�n, realizar entrevistas o llevar a cabo otras actuaciones de verificaci�n. Si no aprecia indicios suficientes, el expediente se archiva. En caso contrario, lo remite a la Fiscal�a o a la autoridad judicial cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, o al �rgano administrativo competente si aprecia posibles infracciones administrativas.La ley fija un plazo de tres meses para tramitar y dar respuesta a las comunicaciones, aunque desde la Autoridad admiten que "los tiempos pueden verse afectados por la complejidad t�cnica o documental de algunos expedientes, especialmente cuando implican m�ltiples actores o requieren verificaciones externas". Adem�s de su labor investigadora, la AIPI tiene potestad sancionadora en determinados supuestos relacionados con el incumplimiento de la Ley 2/2023, como la ausencia de canales internos de denuncia, su gesti�n inadecuada o la adopci�n de represalias contra los informantes. �Y todo esto, c�mo va a afectar a las elecciones de la CEOE? Est� por ver si la Autoridad decide llamar a declarar a Garamendi y su equipo directivo. Fuentes de la c�pula de la CEOE admiten que ese escenario no favorecer�a en absoluto la candidatura del empresario vasco. "Al rev�s, la manchar�a bastante", advierten. En todo caso, desde la AIPI se�alan que "los investigados pueden ser llamados a declarar, aunque esa decisi�n depende de las necesidades de cada expediente y se adopta respetando en todo momento sus derechos y la presunci�n de inocencia". Adem�s, reconocen que la Autoridad todav�a est� "en proceso de consolidaci�n y despliegue operativo" y "la dotaci�n presupuestaria y de medios a�n est� en fase de desarrollo, lo que puede influir en la capacidad de absorci�n de determinados vol�menes de trabajo".Por el momento, Garamendi respira tranquilo. Seg�n informan a este medio fuentes de la c�pula de la patronal, durante la reuni�n que mantuvieron los �rganos de gobierno esta semana qued� claro el apoyo un�nime al presidente y a la actuaci�n de la Comisi�n de R�gimen Interno, en base al cumplimiento de los procedimientos y del C�digo �tico y de Buen Gobierno de la organizaci�n. Por otro lado, los afectados por estas investigaciones aseguran a EL MUNDO que, a d�a de hoy, no han recibido ning�n tipo de notificaci�n de la AIPI. Y p�blicamente, la candidatura de Garamendi ya cuenta con el respaldo de grandes organizaciones como Cepyme o la catalana Foment del Treball.