La aerolínea Plus Ultra se arriesga a caer en manos públicas si no es capaz de devolver los 53 millones que en marzo de 2021 le prestó el Estado para soportar la pandemia. La empresa negocia con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) una extensión del primer tramo de la financiación, los 19 millones del crédito ordinario, que no pudo cubrir en marzo por el impacto económico del cierre del espacio aéreo en Venezuela de primeros de año. Después sufrió la desbocada subida del combustible por la crisis en Oriente Próximo. El segundo tramo, de 34 millones en un préstamo participativo, debe reintegrarse en marzo de 2028. Las garantías depositadas ofrecen una posición de control al Estado. El nuevo calendario de amortización conlleva un plan operativo que haga posible la devolución del dinero público sin llegarse a la ejecución del contrato de prenda. Cada uno de los 28 rescates de empresas durante la crisis sanitaria, que sumaron 2.681 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), tutelado por la SEPI, tuvo sus garantías, y en el caso del controvertido salvavidas lanzado a Plus Ultra quedó pignorado un 51% del capital. Esa garantía se mantiene hasta el vencimiento de los dos créditos.Hasta el momento, la firma que preside Julio Martínez Sola ha abonado 12 millones en intereses a la SEPI y es el propio reglamento del FASEE el que permite adaptar los plazos de amortización para asegurar la devolución de los créditos. Para flexibilizar las condiciones se tienen en cuenta tanto las condiciones de mercado como las que atraviesa la propia compañía. Antes que Plus Ultra fueron Air Nostrum y Volotea las que se acogieron en 2024 a una ampliación del calendario de amortización acordado con el FASEE. El rescate de Plus Ultra fue de los menores otorgados por el FASEE, pero junto al de Air Europa, con los 475 millones devueltos con un año de adelanto y que tuvo garantías que alcanzaron los 1.000 millones, resalta entre los más polémicos. En ambos casos la SEPI se aseguró la recuperación de los fondos públicos o, en su caso, el cobro en activos.En la Audiencia Nacional se investiga la supuesta intermediación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la obtención del salvavidas para Plus Ultra, así como el propio recorrido del dinero ante la sospecha de operaciones de blanqueo de capitales. También colea en comisiones parlamentarias y tribunales la financiación a Air Europa, por la que se llegó a pagar más de un 8% de interés y que incluyó la intervención de la gestión por parte de la SEPI. Ahora es el juzgado número 49 de Madrid el que tiene imputado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación en la entrega de la ayuda al buque insignia de Globalia.El respaldo a Plus Ultra superó una primera causa en el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid contra los miembros del consejo gestor del FASEE, por querellas de Manos Limpias, PP y VOX. El 5 de enero de 2023 ese juzgado archivó la causa sin que fuera probado ilícito penal alguno relacionado con la concesión de los créditos. La selección de Plus Ultra para obtener fondos públicos también pasó el examen del Tribunal de Cuentas, en informe del 27 de septiembre de 2024. La aerolínea cumplió el requisito de haber llegado en equilibrio al estallido de la pandemia gracias a un préstamo participativo previo de 6,3 millones, que fue considerado como patrimonio neto al amparo del artículo 20 del Real decreto-ley 7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y liberalización de la actividad económica. Plus Ultra también precisó un aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social (fueron otorgados 137.000 aplazamientos durante 2020) que le permitió llegar libre de cargas a la solicitud del rescate. En posteriores ejercicios fue liquidada la deuda con la Tesorería de la Seguridad Social.Sobre la causa que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, la defensa de Rodríguez Zapatero tiene pedida la declaración de “nulidad general” de la investigación. Se alega una vulneración de los derechos del expresidente al haberse incorporado indicios “ilícitamente analizados”, en referencia a conversaciones intervenidas del teléfono móvil que Estados Unidos incautó en 2021 al empresario venezolano Rodolfo Reyes, entonces primer accionista de Plus Ultra. La decisión del juez, que se espera en los próximos días, será recurrible.Calama ha llamado a declarar el 21 de julio al empresario Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante y amigo de Rodríguez Zapatero. Su firma pagó al expresidente y a la empresa de sus hijas durante cinco años. Sobre Martínez pesa la sombra de haber intercedido en el rescate de la aerolínea apoyándose en la influencia del líder socialista, al que podría haber remunerado en concepto de comisión por los créditos que fueron inyectados a Plus Ultra.La elegibilidad de esta compañía aérea para ser respaldada con dinero público tuvo la participación de la consultora PwC, que fue quien diseñó su solicitud; la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil emitieron sendos informes sobre la solvencia de Plus Ultra a 31 de diciembre de 2021, y las asesorías DC Advisory y Deloitte Legal trabajaron para el FASEE durante el proceso de concesión de la financiación. También vigilan el préstamo la IGAE, a través de la auditoría de las cuentas del FASEE, y la Oficina Nacional de Contabilidad.Test de mercadoEl plan de viabilidad que presentó Plus Ultra fue sometido a escenarios de sensibilidad para determinar si los 53 millones se ajustaban a las necesidades reales de la empresa y si era capaz de cumplir con los hitos de amortización. El resultado fue positivo, pero los impactos imprevistos en este 2026 han forzado una renegociación. Ese test de estrés vuelve a aplicarse ahora sobre el nuevo plan de desarrollo.El marco temporal que aprobó la Comisión Europea en marzo de 2020, por el que se reguló el FASEE, priorizó el apoyo a pequeñas y medianas empresas, y fijó los sectores del turismo y del transporte como estratégicos para la economía y entre los más sacudidos por la pandemia. Pese al pequeño tamaño de Plus Ultra, que solo contaba con cuatro aviones en alquiler en 2021 y con un 1,6% de cuota de mercado entre España y Latinoamérica (medida en viajeros), el FASEE tuvo en cuenta que era la undécima en la lista de las 20 aerolíneas españolas con licencia de tipo A (para el transporte de viajeros y mercancías). También pesó su alta cuota de mercado, del 19,4%, entre España y Venezuela.En los cinco años transcurridos desde que recibió el dinero público, Plus Ultra ha subido a siete aviones y su plantilla ha pasado de 345 a 700 trabajadores. Además de tener depositado un 51% del capital en garantía, a la aerolínea le está prohibido el reparto de dividendos, el pago de variables a la dirección y tiene bajo control cualquier plan de expansión. Se trata de restricciones que van a mantenerse una vez que sea aprobada la nueva estrategia, proceso que se ha visto entorpecido por el estallido del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional.De los 2.681 millones prestados, el FASEE ha recuperado 1.745 millones (un 65% del total) y ha cobrado intereses por 334 millones. Solo al sector aéreo fueron dedicados 890 millones, con créditos anti Covid para Air Europa, Volotea, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos y Evelop Airlines.